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Fiscalía imputa a Quintana por el caso de Abya Yala

PROCESO .   El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, es investigado por la donación de tres vehículos al canal de televisión Abya Ayala. Quintana se encuentra refugiado en la residencia de la Embajada mexicana en La Paz, donde activistas vigilan.


Fuente:Oxigeno.bo

15 de Febrero de 2020

Fiscalía imputa a Quintana por el caso de Abya Yala

La Fiscalía Departamental de La Paz presentó la imputación formal contra el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. La investigación se inició por los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, por el caso Abya Yala.
Según la Fiscalía, Quintana autorizó la donación de tres automóviles a la Fundación Abya Yala Bolivia, propietaria del canal televisivo del mismo nombre.
El Fiscal Ramiro Prieto explicó que según el artículo 67 del Código Civil, las fundaciones pueden recibir donaciones para realizar un fin no lucrativo; en el caso del canal, este vendía espacios publicitarios, por lo que tenía fines lucrativos.
“La Fiscalía imputó a la ex autoridad por haber otorgado los tres motorizados con un fin distinto al que establece la norma. Asimismo, al ocupar el cargo de Ministro de la Presidencia, el imputado era responsable de garantizar la eficaz administración de los bienes donados al Estado, adecuando su conducta a los tipos penales investigados”, explica un comunicado de la Fiscalía.
El jefe de la División Corrupción Pública de la Felcc, Luis Fernando Guarachi, explicó que la resolución de la imputación se remitirá a la autoridad jurisdiccional para que sea programada la fecha y hora de la audiencia cautelar de la ex autoridad.
“Cumplidos los formalismos, notificaciones y las citaciones correspondientes se elaboró el acta de incomparecencia del hoy imputado y el Ministerio Público tomó esta determinación de imputarlo”, dijo a medios estatales.
Quintana se encuentra refugiado en la residencia de la Embajada mexicana en La Paz, donde activistas y policías hacen vigilia para evitar su fuga. La denuncia fue planteada en 2016, por el ahora ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien también lo denunció por sedición y terrorismo.


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