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Nacional

Bs 18 millones para primera fase de implementación del Código

PRESUPUESTO. El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, informó que se ha presupuestado 18 millones de bolivianos para la implementación de la primera fase preparatoria de implementación del nuevo Código del Sistema Penal.


Fuente:Erbol

13 de Enero de 2018

Bs 18 millones para primera fase de implementación del Código

“18 millones de bolivianos es lo que se ha previsto para esta primera etapa de implementación del Código del Sistema Penal”, dijo Gonzales en conferencia de prensa. La autoridad legislativa explicó que, para plasmar el cambio en la justicia que se prevé con la nueva norma, se requiere de recursos económicos y que por eso se incluyó en el presupuesto una partida específica para la implementación. Anunció que entre finales de enero y febrero se reunirá la comisión de implementación del Código, y que esa instancia definirá el cronograma para que la aplicación de la norma esté lista para el 15 de junio de 2019, fecha en que debe entrar en vigencia. Gonzales indicó que en esta comisión habrá representantes de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que en la misma se definirá el modo en que se dotará a la justicia de condiciones materiales para la implementación. Mencionó por ejemplo que se debe capacitar a los jueces, establecer salas especiales de audiencias y entregar equipos informáticos. CAMPAÑA DE MENTIRA José Alberto Gonzales y Gabriela Montaño, respectivamente, denunciaron que se ha desatado una “guerra de mentiras” a través de las redes sociales respecto al Código Penal con fines políticos. “Esta es una campaña sistemática de mentiras (...) esto ya no se puede tolerar. Es el colmo de la mentira de esta oposición política partidaria”, denunció Montaño que junto a Gonzales citaron las “mentiras” que circulan en el espacio cibernético. El presidente del Senado sostiene que es falso que el artículo 88 pretenda penalizar a las organizaciones religiosas e iglesias legalmente constituidas, explicó que se trata de una disposición para evitar ilícitos. “Estamos hablando de un artículo que sanciona acciones ilícitas, no sanciona las actividades regulares que puedan llevar adelante las iglesias e instituciones religiosas legalmente constituidas”, sostuvo.


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