237 avasallamientos reporta el INRA y 36 fueron desalojados

INFORME. El INRA confirmó que el país existe 237 avasallamientos, de los cuales sólo 36 fueron desalojados. Sin embargo, señaló que del total tomado por la vía ilegal, 136 son de su competencia y 101 no están bajo su tuición.

El incremento de avasallamiento de tierras crece de manera acelerada, sin embargo, no tiene la misma velocidad de reacción de la justicia al momento de hacer cumplir las órdenes de desapoderamiento.

Situación respaldada por el informe de Rendición de Cuentas Final 2023 presentado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que registra 237 avasallamientos en Bolivia y de esa cantidad sólo se realizaron 36 desalojos con sentencia judicial.

De acuerdo con el detalle, de las 237 tomas ilegales, 136 son de competencia del INRA y 101 no lo son. Asimismo, señala que de esa cantidad que le compete, la mayor parte de predios tomados están en Santa Cruz con 63 registros de avasallamiento; otros 33 en Beni; 17 en Cochabamba y en menor cantidad en otros departamentos.

Al respecto, la Asociación de Productores de Oleaginosas (Anapo) señala que la preocupación de los productores crece ante la toma ilegal de tierras productivas y la lenta respuesta de las autoridades en hacer cumplir las leyes vigentes.

Para la entidad el departamento de Santa Cruz al ser el más afectado sobre todo en predios productivos, ubicando este problema como una nueva amenaza en la producción de alimentos. “Esta vez por el riesgo de que al menos 70.000 hectáreas en el municipio San Pedro, provincia Obispo Santisteban, en Santa Cruz, destinadas al cultivo de soya, maíz y sorgo, fueron avasalladas por grupos irregulares”, sostuvo la entidad en un comunicado emitido en mayo pasado.

Para el abogado especialista en derecho agrario, medioambiente, recursos naturales y desarrollo rural Fernando Asturizaga es necesario trabajar en una nueva política agraria donde se sancione la toma ilegal de tierra. “Si se quiere impulsar una política pública de desarrollo rural y sostenibilidad ambiental, un principio básico es tener seguridad jurídica sobre las tierras y derechos de propiedad claros. Que al obtener un título, el productor realmente sea dueño, pueda invertir con certeza, transferir la tierra, dividirla, heredarla o hipotecarla para un crédito productivo”, indica.

El derecho propietario agrario en Bolivia está severamente afectado por las tomas de hecho de tierras en producción. Esto se debe a que las propiedades agrarias con títulos de propiedad son afectadas bajo nuevas formas de avasallamiento, que consisten en que grupos irregulares se atribuyen las funciones de jueces agroambientales y del propio INRA para exigir a los propietarios que acrediten ante ellos, derechos de propiedad.

Source Patricia Canido Aroni