Alertan de grave daño ambiental  dentro del Parque Metropolitano

ALERTA.- Un reciente monitoreo de la dinámica de cambio de cobertura dentro del Parque Metropolitano, realizado por el Searpi, específicamente en el sector Puente Urubó – Ambrosio Villarroel, ha arrojado resultados alarmantes sobre el impacto de los asentamientos humanos y la deforestación en la zona.

Desde 1984, el área ocupada por asentamientos humanos en el Parque Metropolitano ha aumentado drásticamente, señala monitoreo en puntos críticos en las cuencas realizado por el Searpi

En 1984, solo una hectárea (0,28%) estaba ocupada por asentamientos. Para 2024, esta cifra ha escalado a 38,47 hectáreas, representando el 10,72% del área total. Este crecimiento desmedido ha generado serias preocupaciones sobre la sostenibilidad y el impacto ambiental en esta área protegida.

INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE USO DE SUELO Y DEFORESTACIÓN

El análisis de deforestación revela un incumplimiento significativo en el uso de suelo designado como Bosque de Protección BP 1, conforme a la Ley N° 316 del 30 de noviembre de 2023. Estas áreas, clasificadas como tierras de uso restringido debido a su vulnerabilidad y sensibilidad ambiental, han sido objeto de actividades prohibidas como desmontes, habilitación de caminos y construcción de infraestructuras permanentes. La importancia ecológica de estas zonas radica en su papel como áreas inundables y su rica biodiversidad.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) es la entidad responsable de proteger estas áreas. Sin embargo, se ha constatado el desarrollo de actividades agrícolas, desmonte y habilitación de caminos en sectores donde estas prácticas están estrictamente limitadas. Esto constituye una violación del artículo 35 del Reglamento General de la Ley Forestal N° 1700, que protege la servidumbre ecológica de estas tierras.

RESPONSABILIDADES Y NORMATIVAS VIGENTES

OCUPACIÓN.- Se han violado casi todas las normas ambientales den el Parque Metropolitano

La Constitución Política del Estado de Bolivia, junto con la Ley N° 482 de Municipalidades (2014) y la Ley N° 031 de Autonomías y Descentralización (2010), otorgan a los gobiernos municipales la autoridad para planificar y regular el uso del suelo dentro de sus jurisdicciones, en coordinación con los planes de nivel central, departamentales e indígenas. Estas normativas también obligan a los municipios a proteger el medio ambiente, los recursos naturales y la fauna silvestre.

La Ley de Gestión de Riesgos N° 602 (2014) y su reglamento conexo asignan a los gobiernos municipales la tarea de identificar, evaluar y zonificar áreas de riesgo de inundación. Además, deben destinar recursos económicos para la gestión de riesgos y prohibir asentamientos humanos en estas zonas.

IMPACTO AMBIENTAL Y LEGALIDAD

La deforestación en áreas de protección de cuerpos de aguas superficiales afecta directamente la gestión integral de las cuencas hidrográficas del departamento. Esta alteración al medio ambiente puede ser tipificada como un delito ambiental según el artículo 103 de la Ley N° 1333 de Medio Ambiente.

El cambio de uso de suelo descrito en la Ley Departamental N° 316 requiere que el Gobierno Autónomo Municipal compatibilice su “Plan de Uso de Suelo Municipal” con el Plan de Uso de Suelo Departamental. En caso de encontrarse cuencas o cuerpos de agua, debe solicitar la viabilidad técnica del Servicio de Encauzamiento de Ríos (SEARPI).

PROBABILIDAD DE DESASTRES NATURALES  E INUNDACIONES

Dada la invasión de llanuras de inundación y bosques de protección, existe una alta probabilidad de desastres naturales e inundaciones. Todos los municipios afectados ya han sido informados de la gravedad de la situación. La responsabilidad recae en todos los niveles de gobierno (departamental y nacional), empresarios, comunarios y otras instituciones involucradas en actividades agrícolas, ganaderas e industriales.

El monitoreo concluye que es imperativo que se tomen medidas inmediatas para proteger estas áreas y garantizar la sostenibilidad ambiental para las futuras generaciones. La coordinación entre las diferentes entidades gubernamentales y la sociedad civil es crucial para mitigar el impacto negativo y preservar la riqueza natural.

Source Marcelo Huanca Dorado