Los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Yván Espada y Miguel Hurtado le dieron dos “estocada letales” a Evo Morales. No puede volver a ser candidato a presidente y le quitaron la titularidad del Movimiento al Socialismo (MAS).
Hurtado y Espada el 1 de noviembre emitieron el Auto Constitucional 0083/2024-ECA que declara que “el periodo de mandato (…) para las autoridades electas de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el ejercicio de su periodo de mandato, únicamente (será) por dos periodos, sean estos continuos o discontinuos sin posibilidad de ampliarse a un tercer mandato”.
Con este fallo Morales queda impedido a ser candidato a presidente, puesto que fue primer mandatario del país por tres periodos consecutivos: del 2006 al 2009, del 2009 al 2014 y del 2014 al 2019.
Este jueves, los magistrados mencionados dictaminaron la Sentencia Constitucional 0776/2024-S4, que dicta “válidos todos los actos de ejecución incluido el Congreso Nacional Ordinario del MAS-IPSP, llevado adelante en El Alto del departamento de La Paz del 3 al 5 de mayo de 2024”.
Con esta determinación, el exgobernante deja de ser presidente del MAS tras casi 30 años de ejercer ese cargo. La presidencia de la sigla pasa a cargo del dirigente arcista Grover Huanca.
El abogado constitucionalista y analista político Paúl Coca señaló que Morales generó un apartado judicial que le sirvió de brazo operador y que ahora le juega en contra, y lo anuló. Recordó que estos magistrados autoprorrogado fueron posesionados en la anterior gobierno del MAS, “sobrevivieron” a la administración transitoria y ahora le sirven al presidente Luis Arce.
“Espada y Hurtado le han dado las estocadas finales a Evo Morales. Arce tiene una fuerte intencionalidad y es quedarse en el poder. Si uno de los órganos del Estado no hace lo que Arce quiere, el TCP lo hará por él. Todo el trabajo sucio del Presidente lo está haciendo ese Tribunal Constitucional”, enfatizó Coca.
El experto alertó que el TCP se ha convertido en un “suprapoder”, que eliminó atribuciones de la Asamblea Legislativa y del Tribunal Electoral. Concluyó que se ingresa a una etapa muy peligrosa, porque no existe institucionalidad y la democracia, en los futuros procesos electorales, está en peligro.