BLOQUEO. Pobladores de Buena Vista, Porongo y La Guardia se reunieron para exigir la construcción de la carretera.

Buena Vista mantiene su rechazo a la ley 208 y realizan bloqueo

CONFLICTO. Pobladores de Buena Vista instalaron un bloqueo en la carretera al norte hacia Cochabamba para exigir que la gobernación cruceña abrogue la ley 208 que prohíbe la construcción de la carretera por el área protegida Güendá-Urubó.

BLOQUEO. Pobladores de Buena Vista, Porongo y La Guardia se reunieron para exigir la construcción de la carretera.

Comunarios del municipio de Buena Vista en Santa ruz, instalaron un bloqueo en la carretera a Cochabamba como una forma de protesta para exigir que se abrogue la Ley Departamental 208, que prohíbe intervenir el área mediante la construcción de una carretera donde está la reserva acuífera.

Por su parte, Teodoro Gonzáles, alcalde de Buena Vista, indicó que la principal demanda es es la ratificación del convenio que se firmó en el mes de abril de este año por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, mismo que aseguraba la construcción de la carretera que une Santa Cruz km 13, Las Cruces – Buena Vista.

El costo del proyecto es de $us 112 millones, del cual, el 30% le corresponde financiar a la gobernación, siendo un monto que asciende a los $us 70 millones. “Ese convenio lo firmó este año y ahora se ha valido en la Asamblea Legislativa Departamental para rechazarlo y hacer aparecer la ley 208”, dijo Gonzáles en una entrevista con Radio Mega.

En ese sentido, la autoridad edil de Buena Vista, ratificó el pedido al gobernador cruceño para que cumpla con la firma de dicho convenio. “Nosotros como municipio y todas las organizaciones sociales de Buena Vista, Porongo y La Guardia, que son los tres municipios involucrados en la construcción de la carretera, estamos exigiendo que el gobernador cumpla lo que ha firmado”, manifestó.

Así también, respecto a la consideración de que en el lugar hay acuíferos, señaló que el proyecto carretero data desde el 2010 y fue elaborado por la gobernación, luego de eso dieron a conocer el presupuesto del proyecto, después, la gobernación le transfirió el tramo al Gobierno nacional, es decir, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), para que la entidad le dé continuidad al proceso. Por lo que señaló, que desde su criterio, la gobernación no quiere asumir el gasto del proyecto.

“Para nosotros está claro que el gobernador no quiere que se gaste ese monto de dinero en este tramo y quiere desviarlo a otro tramo que ellos tienen contemplado, entonces, esos estudios medioambientales son excusas para no cumplir con la contraparte que le corresponde. La exigencia es que sí o sí se tiene que cumplir con la firma de ese convenio”, expresó.

En cuanto a la mesa técnica convocada por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), aseveró que la reunión solo obedece a la línea de la gobernación, por lo que ratificó que no participarán del diálogo, mientras que autoridades e instituciones departamentales formaron parte de la mesa técnica.

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