Caso UV 285: Justicia concede razón a la Alcaldía de Santa Cruz

La justicia negó el amparo constitucional presentado contra el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, y concejales, por quien aduce ser propietario de la UV 285, terreno colindante al Jardín Botánico. 

En agosto pasado, la legisladora municipal Lola Terrazas demostró que el peticionante, Marco Antonio Muñoz Vaca, había presentado documentación falsificada incluso en los folios reales. Reafirmó que dicho terreno pertenece al municipio, y que la documentación “fabricada” le servía para engañar a la gente que le compraba lotes desconociendo seguramente toda la “mafia” que armaba documentos sin respaldo. 

El 3 de julio de julio de 2024, Marco Antonio Muñoz Vaca presentó acción de amparo constitucional contra el Alcalde y los concejales Silvana Mucarzel, Terrazas, Rolando Pacheco y otros, bajo arguyendo ser propietario de un terreno ubicado en la UV. 285.

Muñoz  argumentó que a finales de junio del,  una comisión del Concejo Municipal se constituyó, sin orden judicial, en los predios de referencia a una inspección con apoyo de la Guardia Municipal y presencia policial aduciendo que el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra sería propietario de dichos terrenos.

Los vocales de la Sala Constitucional Primera Efraín Cruz Limachi y Carla Arancibia Morató, ñ luego de escuhar los alegatos de los abogados del accionante y de los mandatarios y abogados del burgomaestre  y de los Concejales accionados, determinaron denegar la tutela solicitada por Muñoz, en razón de que:

La acción de amparo tenia el mismo objeto, causa y partes de la acción de libertad que le fue denegada en otro Juzgado, actualmente en revision en el Tribunal Constitucional. No se cumplió con demostrar que en la inspección de los concejales hubieron medidas de hecho, que hubieran vulnerado algún derecho constitucional. Esos hechos resultan controvertidos, no consolidan algun derecho a su favor, siendo que el gobierno local ha presentado testimonios e inscripcion inscritos en Derechos Reales.

La Sala Constitucional Primera determinó que la acción judicial contra el Fernández  y fiscalizadores municipales fue denegada.