Combustible mantendrá costo internacional a choferes peruanos

DECRETO .- El gobierno peruano emitió una norma que establece que los vehículos de transporte internacional que ingresen a su territorio deben cumplir normativas de calidad de los carburantes que lleven cargado. La Procuraduría anuncia una posible demanda.

Los transportistas peruanos que ingresan a territorio boliviano continuarán pagando el precio internacional por combustibles que compren en territorio nacional, según informó el procurador general del Estado, César Siles.

“126 transportistas, importadores y exportadores del Perú, que están registrados en el marco de la CAN, no van a sufrir ninguna modificación, ni (recibirán) subvención, en eso quiero ser enfático, ni subvención en los carburantes. Ellos van a seguir pagando lo que estaban pagando hasta ahora (el) precio internacional”, manifestó Siles a BTV, ayer.

En julio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (TJ-CAN) emitió una sentencia en favor de Perú, que insta a Bolivia “el cese de la conducta que ha sido declarada como contraria” por la diferencia en los precios del combustible para vehículos bolivianos y motorizados con placa internacional, como los de Perú.

Siles afirmó, en ese contexto, que el Estado dará cumplimiento a la sentencia emitida por dicha instancia, que es de carácter vinculante; no obstante, afirmó que se trabaja en “una estrategia” para el cumplimiento de la misma.

“Se va acatar la sentencia porque es una decisión vinculante dictada en el marco de la Comunidad Andina de Naciones de la que somos parte. Lo que sí vamos a plantear, y lo estamos haciendo, es una estrategia de cumplimiento de esa sentencia”, indicó.

En Bolivia, los vehículos nacionales pueden comprar el combustible con un precio subvencionado de Bs 3,72 y Bs 3,74 diésel y gasolina, respectivamente, mientras que para vehículos con placa extrajera se estableció que el precio por litro es diferenciado. El precio actual para el diésel y gasolina es de Bs 8,8 y Bs 8,6, respectivamente.

Tras la emisión del fallo, el TJ-CAN instruyó adecuar la normativa boliviana al Ordenamiento Jurídico Comunitario. Bolivia tiene hasta el 19 de enero de 2024 para adoptar las medidas necesarias y ajustar su regulación en el sector de hidrocarburos.