REUNIÓN. Instituciones convocaron a una cumbre por un censo oportuno y transparente.

Comisión Impulsora del Censo convoca a cumbre departamental

CONCLUSIÓN. Instituciones cruceñas se declararon en emergencia ante la determinación de postergar el censo para el año 2024 y señalaron que no existen argumentos técnicos que sustenten el aplazamiento de la actividad. Sugirieron acciones legales para responsables.

GOBERNADOR. Camacho calificó de ‘jugada cobarde’ el querer suspender el censo.

La Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo Nacional de Población y Vivienda  2022, se reunió ayer para hacer un análisis de la propuesta de postergación de la encuesta nacional para mayo de 2024, en la que se concluyó rechazar dicha postergación, declarar estado de emergencia departamental y convocar a una gran cumbre por un censo oportuno y transparente para este viernes 15 de julio a las 13:00.

En la oportunidad, las instituciones participantes expusieron sus posiciones frente a las declaraciones resultantes de la reunión del Consejo Nacional de Autonomías, donde se concluyó en un supuesto consenso que, por motivos de la pandemia, condiciones climáticas, movimientos migratorios, entre otros, se determinaba postergar el censo para el 2024.

En ese sentido, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, convocó a todas las organizaciones vivas de la sociedad civil y política del departamento de Santa Cruz, a una cumbre para este viernes, en el salón comedor de la Uagrm, para definir la nueva ruta crítica del censo, es decir, el cronograma de actividades que se debe llevar adelante en la etapa precensal.

Así también, señaló que Comisión Nacional de Autonomías no tiene la competencia, según la Ley Marco de Autonomías, para definir la postergación del Censo 2022 definido por D.S. 4546 para el 16 de noviembre de 2022, puesto que no existen bases técnicas que sustenten la postergación, por lo que repudian enérgicamente la postergación del proceso censal.  Así también, exigieron que la Brigada Parlamentaria inicie procesos penales por incumplimiento de deberes a los responsables políticos y técnicos de llevar adelante el censo, al haber demostrado ineficiencia en el cumplimiento de los plazos establecidos por el D.S. 4546.

“Las normas son para cumplirlas y no para manejarlas al antojo político de los gobernantes de turno”, enfatizó Cuéllar.

En ese marco, pidieron que el Presupuesto General del Estado para el próximo año se elabore en el marco de las proyecciones intercensales oficiales del propio Instituto Nacional de Estadística (INE), generando mecanismos de compensaciones, sobre la base de proyectos de desarrollo, para aquellos municipios que por pérdida poblacional están en riesgo de perder recursos económicos.

Y finalmente, se declararon en estado de emergencia departamental, en tanto las demandas por la realización del censo se concreten sobre las bases de esta resolución y no se descartan tomar las medidas de presión necesarias para su cumplimiento.

“El censo es un derecho de todos los bolivianos, que permitirá una distribución equitativa de los recursos nacionales para cubrir las necesidades básicas que se demandan”, señaló el rector de la estatal cruceña.

REUNIÓN. Instituciones convocaron a una cumbre por un censo oportuno y transparente.

De la reunión participaron las máximas autoridades de la universidad cruceña, la gobernación, comité cívico, concejales municipales, diputados, Colegio Médico, juntas vecinales, parlamento indígena y otros representantes de diferentes instituciones.

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho lamentó que el Gobierno no cumplió con la responsabilidad de realizar el censo en Bolivia, siendo que la última vez que se realizó uno fue en noviembre de 2012 y existe la necesidad de contar con un pacto fiscal que ayude a dar soluciones a las necesidades que tienen todos los bolivianos que viven en el departamento cruceño.

“La jugada que hizo ayer el Gobierno es cobarde, por parte del presidente, porque no ha tenido la valentía de decir ‘somos unos ineptos y no hemos podido llevar adelante un censo y estamos utilizando a ocho gobernadores para que asistan y lo pida’, eso es lo que ha sucedido”, declaró Camacho.

Mientras tanto, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, solicitó una reunión de carácter urgente con el presidente del Estado, Luis Arce y rechazó el aplazamiento del Censo de Población y Vivienda para el 2024. Por lo que mediante una carta, la autoridad edil no solo señaló su disconformidad con la determinación asumida, sino que le explica al mandatario nacional cuántos recursos pierde el departamento debido al diferimiento de la actividad censal y se le pide argumentos técnicos que sustenten el mismo.

Finalmente, la Asambleísta departamental Paola Aguirre, afirmó que Santa Cruz es el único departamento que tiene un legítimo interés en la realización del censo, por tener la mayor cantidad de migrantes que llegan y necesitan tener acceso a mejores condiciones de vida en cuanto a salud, seguridad, educación y trabajo, es por eso que propuso el inicio de acciones legales y penales por incumplimiento de deberes a ministros y directores del INE, sean nacionales o departamentales por la postergación irresponsable del censo.

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