Comisión se reúne con Mayta y Callisaya por casos de pederastia
INVESTIGACIÓN. La Comisión del Senado, integrada por Flores, Simona Quispe, William Torrez y Julio Diego Romaña, trabajará por espacio de tres meses en la indagación de estos casos de abusos sexual de al menos 85 menores y adolescentes, la mayoría en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba.
La Comisión Especial de Investigación de casos de pederastia clerical recibió ayer, en audiencia, al canciller Rogelio Mayta y al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
El presidente de la Comisión de Investigación, el senador del MAS Luis Adolfo Flores, destacó el encuentro con el canciller, pues se habría revelado que la iglesia Católica no tenía ningún convenio firmado con el Estado para abrir centros educativos, como el Colegio Juan XXIII, en Cochabamba, donde se presentaron denuncias de abuso sexual por parte de jesuitas.
“Bolivia tiene cartas reversales aprobadas en 1993 y rarificadas por Bolivia en una ley del año 1995, ¿qué significa? que no tenía ningún convenio Bolivia con el Vaticano para abrir albergues, guarderías, centros de enseñanza, se lo hizo, y nos ratificaba el canciller, por costumbre”, aseguró.
La comisión legislativa fue conformada el 12 de julio, luego de más de dos meses de que el diario español El País revelara que el jesuita fallecido Alfonso Pedrajas, confesó que abusó sexualmente de al menos 85 menores y adolescentes, la mayoría en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba, durante su labor como parte de la Compañía de Jesús.
Pedrajas no fue el único que habría abusado de menores de edad. Al jesuita, fallecido en 2009, se sumaron denuncias en contra de Luis Roma Padrosa (+), Luis Mestre (+), Antonio Gausset, Francesc Peris y Carlos Villamil. Todos estuvieron vinculados al colegio Juan XXIII, donde ocurrió la mayoría de las vejaciones de Pedrajas.
También se cometieron delitos similares en otras instalaciones donde trabajaban sacerdotes. La Fiscalía inició una investigación.
La Comisión del Senado, integrada por Flores, Simona Quispe, William Torrez y Julio Diego Romaña, trabajará por espacio de tres meses en la indagación de estos casos.
“Estos delitos ya se consideran de lesa humanidad”, enfatizó Flores.
Sobre la reunión con el Defensor del Pueblo, el senador William Torres manifestó que fue insuficiente el informe que brindó, sobre todo en lo relacionado a la fiscalización que debe hacer al Ministerio Público, instancia que debe ver el avance de la atención de las denuncias de estos casos en contra de niñas, niños y adolescentes.
“Seguiremos desarrollando nuestra tarea; sin embargo, hemos pedido que el Defensor del Pueblo nos envíe los informes correspondientes”, puntualizó.
A fines de julio, los integrantes de la Comisión se reunieron en Cochabamba con diferentes autoridades y representantes de instituciones, además con exestudiantes del Colegio Juan XXIII.
También recibió en audiencia al procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, el 01 de agosto.