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VISITA. Una comisión del organismo multilateral visitó Bolivia a finales de marzo del año pasado. En este contexto, insta a personas que ejercen la función de líderes a “coadyuvar” en las “brechas abiertas por la polarización” en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el informe con base en los datos recabados en su visita efectuada entre el 27 y el 31 de marzo del año pasado. El legajo titula “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia”.
Dentro del mismo, considera que existe una afectación al Estado de Derecho, debido a la polarización política, generada tanto por líderes de oficialismo como de oposición. Concluye que además existe un deterioro en el debate público, fortalecido por los discursos de los liderazgos públicos.
“Existe un deterioro del debate público, alimentado en parte por discursos de los liderazgos públicos, con consecuencias en la situación de conflictividad. El Estado debe fortalecer la institucionalidad democrática y las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión”, indica una parte del informe de la CIDH.
El informe contiene observaciones y recomendaciones para atender los desafíos pendientes en derechos humanos y pone a disposición del Estado su mandato de cooperación técnica y seguimiento de recomendaciones para el acompañamiento a las medidas que sean adoptadas para ese fin.
La CIDH reconoce la apertura del Estado Plurinacional de Bolivia al escrutinio internacional, agradece la invitación para realizar la visita, que se llevó a cabo en las ciudades de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Sucre, así como las facilidades logísticas y el respeto a su mandato.
En este contexto, insta a personas que ejercen la función de líderes a “coadyuvar” en las “brechas abiertas por la polarización”. Advierte que la consolidación de avances registrados en materia de derechos humanos se encuentra “en riesgo”, si el sistema de justicia continúa sujeto a los serios desafíos que enfrenta.
“Las personas que ejercen liderazgos públicos y aquellas cuyas voces son referenciales en la sociedad, tienen una responsabilidad de coadyuvar en las brechas abiertas por la polarización”, agrega el informe de la instancia multilateral.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo mandato se deriva de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano asesor de la OEA en la materia. La CIDH está formada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan a sus países de origen o residencia.
“COMPROMETIDOS EN DDHH”
Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, consideró que el informe de la CIDH representa un “compromiso con el escrutinio público internacional” y que para la sociedad representa una oportunidad más para seguir
“Somos un país comprometido con los derechos humanos y en este informe se tocan temas relevantes en cuanto a los derechos de los sectores más vulnerables y la reforma judicial y la posibilidad de tener una nueva justicia para el bicentenario”, expresó Lima en Sucre.
Para el titular de la cartera de Justicia, la CIDH rescata que la eliminación de la discriminación contra los pueblos indígenas constituye “un modelo para toda la región”.
“Adicionalmente, la CIDH le ha planteado al país un reconocimiento por la apertura del Estado y nos ha reiterado el permanente compromiso de trabajar conjuntamente en todos los temas que está recomendando y que planea como desafíos”, añadió.
INJERENCIA EN EL ÓRGANO ELECTORAL
Por otro lado, el legajo destaca injerencia política por parte del gobierno de turno en el Órgano Electoral, así como el debilitamiento de sus instituciones tras la crisis sociopolítica de 2019, tras las denuncias de fraude y la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado.
“Las denuncias de injerencia entre los distintos órganos estatales son constantes; las consecuencias del debilitamiento institucional del órgano electoral tras la crisis sociopolítica de 2019 (por la denuncias del fraude electoral y la renuncia de Evo Morales a la presidencia); la réplica de patrones de polarización por personas con liderazgo político; así como la persistencia de desafíos para la plena participación de grupos históricamente excluidos, representan una amenaza al funcionamiento del sistema democrático”, señala el punto 246 del informe.