‘Convocatoria a obispos buscaría criminalizar mediación de 2019’
JURISTAS ALERTAN QUE:
OBSERVACIÓN. El grupo de Juristas independientes consideran que existe una persecución política contra los obispos de la CEB. Rechazan el uso abusivo del sistema penal con fines de persecución política, expresando su solidaridad con los obispos del país.
Los Juristas independientes repudiaron la persecución política a los obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), consideran que el pedido para que sean convocados a declarar en el caso golpe I busca “criminalizar” y “estigmatizar” la mediación que realizaron durante la crisis de 2019.
“El pedido de citar a los Obispos de la Iglesia católica dentro de las investigaciones penales abiertas por el Ministerio Público dentro del caso golpe de Estado, solo busca estigmatizar y criminalizar los esfuerzos de mediación y pacificación social desplegados por la CEB junto a la comunidad internacional”, dice un pronunciamiento de este grupo profesionales que impulsan la reforma de la Justicia.
Este equipo de facilitadores trabajó en el marco de la crisis política que se desató en octubre de 2019, durante las elecciones generales a raíz de las denuncias de fraude electoral, los esfuerzos de facilitación “contribuyeron definitivamente a la continuidad democrática en Bolivia”, sostienen los abogados.
Asimismo, manifiestan que las declaraciones públicas por parte de autoridades gubernamentales sobre los procesos judiciales, “constituyen una forma de injerencia que presiona y afecta gravemente la independencia de jueces y fiscales.”.
Rechazan el uso abusivo del sistema penal con fines de persecución política, expresando su solidaridad con los obispos del país, valorando su contribución mediadora para la pacificación de los conflictos y la convivencia democrática.
El grupo de Juristas independientes instó a la ciudadanía a adherirse a la campaña de recojo de firmas para impulsar una reforma judicial a través de un referéndum de reforma parcial de la Constitución Política del Estado. “Para viabilizar una reforma genuina de la justicia”.
Las manifestaciones al respecto se generaron después que el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, pidió a la fiscalía convocar a los miembros de la Iglesia que participaron en la mesa de diálogo de 2019 en la Universidad Católica Boliviana junto a la Unión Europea y otros actores políticos del MAS y de la oposición.