Bernardo Arévalo, elegido presidente de Guatemala el pasado mes de agosto, debe tomar posesión del cargo el próximo mes de enero. El 18 de septiembre, presentó una petición ante la Corte Suprema de Justicia, el más alto tribunal del país, solicitando que anule todas las acciones emprendidas por la Fiscalía contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su partido Semilla, y que emprenda acciones legales contra la fiscal general en cuestión, Consuelo Porras.
La solicitud también afectaba al fiscal Rafael Curruchiche, que realizó registros en las oficinas del TSE, y al magistrado Fredy Orellana, que ordenó la suspensión de Semilla por supuestas irregularidades en su formación en 2017.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala rechazó este miércoles este recurso. La decisión se produjo casi simultáneamente a la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema en el Congreso, dominado por el oficialismo, un proceso pendiente desde 2019, y después de que la OEA condenara a Guatemala por el acoso judicial sufrido por Bernard Arévalo y su partido desde los comicios.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, órgano ejecutivo del organismo, denunció las maniobras para “impedir una transición pacífica del poder en Guatemala”. Una vez más, la OEA criticó a la Fiscalía guatemalteca y a algunos jueces por su cruzada contra Arévalo y su partido Semilla. Bernardo Arévalo, de 65 años, hizo campaña para su elección basándose en sus actividades contra la corrupción. Ya había sido objeto de amenazas terroristas durante su campaña electoral, y su partido Semilla había sido víctima de una guerrilla judicial para intentar prohibirlo.