Cuestionan la sentencia de Camacho por los 36 días de paro
CRÍTICA. Por los 36 días de paro por el censo, el gobernador cruceño fue sentenciado a seis meses de detención preventiva en el penal de Chonchocoro. Autoridades cuestionan esta determinación y calificaron de “injusticia” la determinación.
En la madrugada de ayer, el juez Helmer Laura definió otros seis meses de detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el paro cívico de 36 días que el año pasado se realizó en contra de la reprogramación del Censo de Población y Vivienda.
Durante el proceso, según la defensa de Camacho, el Ministerio Público no pudo sostener los supuestos delitos que habría cometido la autoridad departamental, tampoco se consideró fundamentar los riesgos procesales.
En ese marco, autoridades cruceñas cuestionaron esta determinación por parte de la justicia.
Ante este hecho, el presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Israel Alcocer, lamentó que se esté buscando intimidar a cualquier ciudadano que peleó por un censo oportuno e indicó que el Gobierno debería entender que fue una protesta que realizó toda la población en busca de una solución al censo.
De igual forma, el concejal de Comunidad Autonómica (C-A) José Alberti, calificó de “abuso” a la democracia y la libertad la nueva detención preventiva contra Camacho y aseveró que se tendría que encarcelar a los dos millones de ciudadanos que fueron al cabildo a exigir un paro cívico.
Entretanto, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, calificó de “injusticia” la detención del gobernador y señaló que el país tiene una justicia podrida que busca mantener secuestrado a la autoridad departamental.
Asimismo, a través de un comunicado, el Comité pro Santa Cruz, rechazó la audiencia que determinó la detención del gobernador y la persecución política contra activistas, líderes cívicos y ciudadanos en general por ejercer el derecho a la protesta pacífica.
Finalmente, a través de sus redes sociales, el gobernador se pronunció e indicó que sus ideales siguen intactos. “Hoy podré estar secuestrado, pero mi fe, mi esperanza y mis principios, están intactos y fuertes”, reza su publicación.
La denuncia fue presentada por el dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, Marcelo Mayta, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y el Viceministerio de Transparencia Institucional en la ciudad de La Paz por supuestamente cometer el delito de terrorismo con el paro cívico.