Cuestionan sentencia que anula artículos de protección ambiental
ACUÍFEROS. Tras conocerse que una sentencia constitucional podría abrir paso a la construcción de la carretera Las Cruces – Buena Vista, autoridades cuestionaron dicha determinación. Desde el Gobierno ratifican que respetarán el estudio para la vía.
Luego de que la diputada de Creemos, María René Álvarez alertara ayer que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) firmó el pasado 8 de agosto, la Sentencia Constitucional 0076/2023 que declara la nulidad de varios artículos de la Ley Departamental de Santa Cruz número 98, específicamente en lo referido a la competencia de la administración departamental de administrar, crear o declarar unidades de conservación, áreas protegidas o patrimonio natural dentro de su territorio autónomo. Situación que afectaría directamente a la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Guendá – Urubó, ya que abriría la posibilidad de que se construya la carretera Santa Cruz – Las Cruces – Buena Vista, lugar donde se encuentran los acuíferos, es que autoridades cuestionaron dicha determinación.
A través de una carta, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho alertó el grave daño a Santa Cruz que se causa con esta sentencia constitucional en materia medioambiental y pidió la unidad en la defensa del medioambiente y de la naturaleza en el departamento. “El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ha emitido una sentencia que arrebata a la gobernación y así a Santa Cruz, la competencia para crear e impulsar políticas en defensa del medioambiente en el departamento. De este modo, se pone en manos del centralismo las principales competencias y decisiones que se tomen en Santa Cruz en materia de conservación del medioambiente”, señala la misiva.
Por su parte, Mario Aguilera, vicegobernador de Santa Cruz, aseveró que este es un hecho que demuestra que hay un desconocimiento absoluto de la realidad medioambiental que hay en el país. Además señaló que se está viviendo una “emergencia” porque no se han aplicado correctamente los conocimientos y argumentos técnicos que deben dirigir la protección de los sistemas medioambientales que brindan servicios como el agua, para que sea sostenible la vida en el territorio nacional.
Entre tanto, el vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Oscar Feeney, argumentó que esta sentencia fue interpuesta por el ex vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera y que quita las competencias establecidas en el Estatuto Autonómico para llegar a la UCPN Guendá – Urubó. “Esto es el crimen más grande que va a hacer el MAS contra un pueblo que lo único que ha hecho es apoyar a Bolivia”, manifestó.
CONCRETARÁN UNA POSTURA
Mediante un comunicado, la gobernación de Santa Cruz hizo conocer que la institución “está haciendo las consultas internas e interinstitucionales para asumir una posición como departamento y como sociedad civil, puesto que la mencionada sentencia afecta las políticas medioambientales y de conservación que el departamento ha venido gestionando y defendiendo”, se lee en la publicación.
ESTUDIO CONTINÚA
Ante la situación, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, indicó que lo que se ha emitido en una sala constitucional viene desde el 2015 – 2016 y señaló que en esa época una ley departamental se atribuyó competencias nacionales y no fue socializada, por ende, no debe confundirse la situación con la construcción de la carretera. “Tal como indicó el Ministerio de Planificación, habrá un estudio internacional para determinar la existencia de acuíferos en el lugar y eso se va a respetar. (…) Se quedó formalmente con los secretarios de la gobernación que va a haber un estudio internacional sobre los acuíferos y después de eso se va a tomar la decisión, por lo tanto, pido calma a la sociedad”, argumentó.
Por último, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui señaló que se evaluará dicha sentencia para emitir criterios definitivos en relación a la resolución. Sin embargo, ratificó el compromiso del Gobierno para establecer la viabilidad técnica del proyecto carretero en función a un estudio técnico internacional y ratificar su respeto hacia el medioambiente.
Al cierre de edición, desde el Comité pro Santa Cruz, manifestaron que se declaran en emergencia en defensa de los acuíferos por lo que realizarán una reunión con diferentes sectores para determinar las medidas que asumirán al respecto.