Luego de una audiencia, el funcionario de la Alcaldía de la urbe cruceña, dependiente de la Secretaría Municipal de Planificación y la tramitadora que fueron descubiertos tratando de realizar un cobro ilegal de Bs 15.000 a una ciudadana de la tercera edad, recibieron arresto domiciliario y además tienen prohibido acercarse a las oficinas de la Quinta Municipal.
El acusado, quien fue destituido de su cargo, fue imputado por el delito de concusión, mientras que la tramitadora por receptación proveniente de delitos de corrupción, en ese marco, al juez determinó la detención domiciliaria de los involucrados, una fianza de Bs 8.000 para cada uno, fianza juratoria, prohibición de acercarse a las oficinas de la Alcaldía y a la víctima.
Ante esta determinación, la fiscal Yolanda Aguilera presentó una apelación para revertir la medida, argumentando que hay pruebas de la comisión del delito de los dos imputados.