La Defensoría del Pueblo advierte que la sentencia condenatoria en el caso de Juana Quispe Apaza no es garantía de triunfo hasta que esta sea ejecutoriada como cosa juzgada, puesto que podría generarse nuevamente una retardación de justicia en la instancia de apelación.
“Como Defensoría del Pueblo hemos hecho un análisis, es cierto y evidente que se tiene una sentencia, pero está aún no se encuentra firme, es decir falta su ejecución, porque el procedimiento penal establece recursos para que la parte que no esté conforme con la sentencia recurra a ellos, como lo son el recurso de apelación restringida y la casación”, manifestó la Delegada Defensorial Departamental, Maritza Suntura.
Por ello, Suntura reiteró que la Defensoría del Pueblo tiene un compromiso con este caso en particular, y en ese marco hará el seguimiento correspondiente, “hasta que se pueda tener una sentencia ejecutoriada firme, que pueda cumplirse conforme a procedimiento”.
La autoridad recordó que la institución defensorial se constituyó en calidad de veedora, desde febrero de 2023, dentro del caso por el asesinato de Juana Quispe Apaza y asistió a cada una de las audiencias para garantizar el debido proceso y que el juicio se desarrolle en el marco de lo establecido por la normativa vigente, por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, toda vez que este caso se valoró como emblemático e histórico, ya que dio pie a la aprobación y promulgación de la Ley contra el Acoso y Violencia Política.
El pasado jueves 4 de enero, el Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz dictó sentencia en el proceso por el asesinato de la exconcejala de Ancoraimes, Juana Quispe Apaza, tras casi 12 años de ocurrido este hecho. La Defensoría del Pueblo, que siguió el juicio y acompañó a la familia de la víctima durante este tiempo, destacó la sentencia condenatoria, la cual denominó como “emblemática e histórica”.
El Tribunal Cuarto de Sentencia, presidido por la jueza Inés Tola, estableció como autores del asesinato de la concejala Quispe al exalcalde de Ancoraimes, Félix Huanca y a Pastor Cutili exconcejal, quienes deberán guardar detención en el penal de San Pedro por 30 años, sin derecho a indulto.