Denuncian que Chile pone en riesgo a migrantes venezolanos

INFORME . Amnistía Internacional denunció que Chile pone en peligro a los venezolanos que huyeron de su país en busca de protección. Cuestionan la imposición de visas de entrada a Chile y rechazos en frontera. Actualmente Chile alberga a 444.400 ciudadanos venezolanos.

Amnistía Internacional denunció que “el Estado chileno pone en peligro a las personas venezolanas que huyeron de su país y buscan protección”, al tiempo que indicó que incumple sus obligaciones internacionales y la legislación nacional.

El informe “Nadie quiere vivir en clandestinidad: Desprotección de personas refugiadas venezolanas en Chile” incluye los testimonios de 12 mujeres venezolanas que relatan en primera persona sus experiencias en territorio chileno.

“Es lamentable que los principales países receptores de personas refugiadas venezolanas en el mundo estén incumpliendo su obligación de garantizar protección a quienes huyen de Venezuela. Ya hemos documentado los enormes desafíos en Colombia, Perú y Ecuador; y ahora ponemos en evidencia que el gobierno chileno, lejos de romper esta tendencia y otorgarles protección internacional o regularización migratoria, ha venido estableciendo por años una infranqueable carrera de obstáculos para que no puedan establecerse en el país”, manifestó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Según cifras oficiales, Chile alberga a unas 444.400 personas venezolanas, una cifra conservadora, sostiene la ONG, ya que data de diciembre de 2021. Esto lo sitúa detrás de Colombia, Perú y Ecuador, que han recibido a unas 2.500.000, 1.500.000 y 502.000 venezolanos respectivamente.

En conjunto, estos cuatro países latinoamericanos albergan a casi el 70% del total de los 7.17 millones de personas que han huido de Venezuela debido a la emergencia humanitaria compleja, la crisis de derechos humanos y la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, recuerda Amnistía.

Y sigue: “Las cifras globales aumentan continuamente, así como los países de destino. Por ejemplo, Estados Unidos ahora se sitúa como tercer mayor país receptor global con 545.000 personas venezolanas según cifras oficiales de 2021″.

El informe hace hincapié en los testimonios de mujeres venezolanas viviendo en Chile, que ilustran las barreras que, por años, deben superar las personas que han logrado ingresar a territorio chileno y buscan conseguir protección internacional o regularizar su situación migratoria.

“Estos obstáculos incluyen la imposición de visas de entrada con requisitos imposibles de alcanzar, rechazos en frontera, falta de información sobre el derecho a solicitar protección internacional, así como la implementación de prácticas ilegales que exigen que quienes solicitan la condición de refugiadas y refugiados deban presentarse ante las autoridades y se ‘autodenuncien’ por entrada irregular en el país”, sostuvo la organización.

“Estas medidas violan su derecho a solicitar protección internacional. También ponen a las personas en riesgo de expulsión, riesgo que se ve agravado por la imposibilidad de regularizar su situación en el país, y por el marco legislativo que permite y facilita las devoluciones y expulsiones inmediatas, en vulneración del debido proceso”, agregó.

Para Amnistía Internacional, la exigencia de autodenuncia por entrada irregular es sumamente alarmante: “Esta medida no solo es un obstáculo a la protección internacional, sino que, en la práctica, penaliza y discrimina a las personas refugiadas por su forma de entrada en el país que vulnera la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y su Protocolo, de los cuales Chile es signatario. Además, las pone en riesgo de expulsión a lugares donde su vida y sus derechos corren peligro, en vulneración del principio de no devolución”.

DOS CASOS EN PRIMERA PERSONA

Omaira y Rosa son mujeres sobrevivientes de violencia de género que llegaron a Chile en julio y septiembre de 2022, respectivamente. Ninguna de las dos logró encontrar protección en los primeros países a los que huyeron desde Venezuela, Ecuador y Colombia.

Omaira estudiaba medicina y se vio obligada a huir de Venezuela junto con su familia por persecución relacionada a la negativa de su hermano de servir en las fuerzas armadas. Ella cuenta que, en el 2016, “(mi pareja ecuatoriana) se aprovechó mucho de mi situación, y empecé a sufrir violencia. Caí en depresión porque no quería tener otro hijo, no estaba preparada todavía. Cuando me quise ir, (mi pareja y sus familiares) me empezaron a amenazar, me querían quitar (a mi bebé) a la fuerza porque (decían que) yo no tenía ni voz ni voto en Ecuador, yo era una simple extranjera”.

Rosa, quien llegó a Colombia luego de huir de Venezuela, vivió una situación similar. Manifiesta que no se sentía segura en aquel país, pues sufría violencia física y sexual por parte de su pareja. Buscó ayuda de las autoridades colombianas, pero las dos denuncias que interpuso ante la fiscalía no resultaron en ningún tipo de medida de protección o apoyo: “Fui a la fiscalía hasta con la cicatriz, y no pasó nada. Entonces yo tenía que aguantarlo ahí. A veces yo me iba al cuarto de la hermana de él, ahí me quedaba esperar que se le pasara”.