Detención domiciliaria para dos sacerdotes por el caso Pedrajas

FALLO . El Juzgado de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer Nº 1 de Coña Coña, en Cochabamba, determinó la detención domiciliaria para Marcos R., de 81 años, y Ramón A., de 83, acusados de encubrir los abusos sexuales cometidos por el sacerdote fallecido Alfonso Pedrajas.

La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Daniela Cáceres, informó que dentro del caso denominado “Padre Pica”, que se investiga por los delitos de violación que se habría cometido en contra de menores de edad, ayer el Juzgado de Violencia Familiar No. 1 de Coña Coña – Cochabamba, en audiencia de consideración de imputación y aplicación de medidas cautelares para dos sacerdotes investigados por el delito de encubrimiento, Ramón A.B. y Marcos R.D.A., de 83 y 81 años edad, respectivamente, exprovinciales de la Compañía de Jesús, determinó que deben cumplir detención domiciliaria, arraigo, entre otros.

“El Ministerio Público fundamentó el presupuesto material de forma detallada y precisa, respaldando los hechos con los elementos indiciarios recolectados, historia, catálogos, informes, certificaciones, inspección, actas haciendo énfasis en las declaraciones de víctima e informes psicológicos emitidos por la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, precisando con identificación de fechas y momentos precisos cuando los imputados en su condición de Provinciales Superiores tuvieron conocimiento de los hechos de agresión sexual cometidos, no solo por Pedrajas, sino también por otros jesuitas, hechos registrados entre los años 1970 y 1990”, explicó Cáceres.

La Directora expresó que, ante la imputación presentada por el Ministerio Público la autoridad jurisdiccional determinó que los dos investigados dentro del caso cumplan medidas cautelares personales, entre ellas, prohibición de comunicarse con personas determinadas, prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine, sin autorización judicial previa, a cuyo efecto se ordenará su arraigo a las autoridades competentes y detención domiciliaria en el lugar en el que habitan.

“Estas dos personas tenían la obligación y el deber de cuidar que las diferentes obras de la Comunidad Jesuita entre ellos del Colegio Juan XXIII y el Noviciado se cumplan en un ambiente seguro y de protección absoluta de todos los internos, entre otros indicios que continúan siendo investigados”, dijo Cáceres.

Respecto al Comunicado emitido en las últimas horas por la Compañía de Jesús, relacionados a que ellos continuarán recibiendo denuncias, Cáceres fue enfática al señalar que “el Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con normas claras respecto a las instancias receptoras de denuncias y que en el país existen dos: el Ministerio Público y la Policía Boliviana, por lo que solicito no mal informar a la población y reencaminar los canales de denuncia ”.