Discusión bizantina: prolongan debate por créditos y magistrados

DEBATE. Legisladores de oposición y el evismo propusieron en la Cámara Baja que se debe aún tocar las leyes 073 y 075 para el cese de funciones de los magistrados del Órgano Judicial; el arcismo aboga por dar prioridad a seis créditos que permanecen sin tratar.

Por varias horas, diputados de oficialismo y oposición debatieron nuevamente sobre la prioridad de los créditos y las leyes para el cese a los magistrados prorrogados del Órgano Judicial. Los diputados discutieron, otra vez, si tratar primero los seis préstamos internacionales estancados en la ALP, o las leyes 073 y 075.

Diputados del ala “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) insistieron nuevamente en la aprobación de los créditos, argumentando que feneció el plazo para considerar las leyes antiprórroga en la Cámara de Diputados, debido a que se tenía 30 días y el plazo corría desde el 19 de diciembre del pasado año.

La 57° Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados se reinstaló pasadas las 14:00 de ayer. La misma comenzó el pasado jueves y se suspendió la mañana del viernes, tras los incidentes ocurridos en la testera, entre las parlamentarias Gloria Callisaya, del MAS; y Mayra Zalles, de Comunidad Ciudadana.

En ese contexto, los oficialistas señalaron que ahora corresponde tocar estas normas en como Asamblea Legislativa, con la presencia de su presidente nato, David Choquehuanca.

Dicha instancia ingresó en cuarto intermedio en sala a partir de las 19:50, de acuerdo con la transmisión en la página de Facebook en Diputados. Para aquel instante, parlamentarios invadieron nuevamente la testera.

Hasta el cierre de esta nota, la Sesión Ordinaria no fue retomada en el Hemiciclo de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Dicha instancia debe aún tocar las leyes 073 y 075 para el cese de funciones de los magistrados del Órgano Judicial, y seis créditos que permanecen sin tratar.

PELEAS “ERAN PREVISIBLES”

JALONES. Momento de tensión en la testera.

Para el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, el escenario suscitado la tarde de ayer en el Hemiciclo “era previsible” y que los actores políticos que suscribieron el acuerdo en Vicepresidencia, a inicios de febrero, no tuvieron un análisis claro de lo que podía pasar, tras la firma.

“Era previsible. Cuando hay falta de operadores políticos y acuerdos que no son claros y no van a determinar un objetivo en concreto, se dan estas interpretaciones. Y esa es la responsabilidad que tienen estos actores que han suscrito el mismo y que no han tenido un análisis claro de qué es lo que podía suceder en el escenario político”, dijo Pedrazas al periódico El Mundo, a tiempo también de considerar que este escenario genera una crisis política que podrá ser trasladada a 2025, año electoral.

“Han creído que su intención, plasmada en un acuerdo poco claro, se va a materializar en un hecho político, cuando lo que en realidad hay que hacer era primero tener claro el objetivo, antes de suscribir el acuerdo. Ese es el escenario que demuestra que hay una crisis política en el país, y que obviamente se va a trasladar al periodo de Elecciones de 2025”, acotó.

ENVÍAN INFORME A CHOQUEHUANCA

La Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa, aprobó la resolución para el cese de funciones a magistrados autoprorrogados y lo remitió a la presidencia del parlamento, para que convoque a Sesión y se trate la resolución.

Miguel Rejas, presidente de la Comisión, informó que la resolución establece que todos los procesos y causas quedan paralizados, tras fenecer el plazo correspondiente.

“Hoy nos tocó convocar a comisión mixta para llevar adelante la resolución que es para cesación de magistrados y en ese sentido hoy hemos aprobado y estamos remitiendo el informe entre hoy y mañana para que vicepresidencia pueda agendarlo en una próxima sesión de Asamblea”, dijo.

Tras la aprobación de esta resolución el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, debe convocar a Sesión del Pleno entre diputados y senadores para abordar el documento que viabiliza el cese de altas autoridades judiciales autoprorrogadas, de acuerdo con una nota de Radio Fides.