El Gobierno busca fracaso del diálogo por elección judicial

MAGISTRADOS. Muertes por bloqueo de carreteras , manchas de sangre a magistrados prorrogados es la situación  del conflicto afirmó el diputado Wlathy Eguez. El gobierno pretende boicotear la reunión convocada para este lunes 29 de enero, donde se debía buscar una solución al conflicto judicial.

El diputado de Creemos, Walthy Egüez, denunció que el gobierno del presidente Luis Arce, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, está usando el bloqueo de carreteras como excusa para mantener la prórroga de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y evitar la realización de las elecciones judiciales. Según Egüez, el gobierno pretende boicotear la reunión convocada para este lunes 29 de enero, donde se debía buscar una solución al conflicto judicial.

Egüez afirmó que el gobierno no quiere que se vayan los magistrados que fueron prorrogados en sus funciones, ya que son el instrumento que utiliza para cogobernar, descabezar líderes, impedir la liberación de los presos políticos y fabricar leyes que los protegen de los actos de corrupción que cometen. Asimismo, rechazó la intromisión del Ejecutivo en las competencias exclusivas del Legislativo, siendo este el órgano que debe aprobar la ley y el reglamento para las elecciones judiciales.

El diputado recordó que el gobierno de Arce y el ex presidente Evo Morales son los responsables de la crisis política y social que vive el país, por su insistencia en mantenerse en el poder, desconociendo el referendo del 2016 y cometiendo fraude electoral en 2019. En este contexto, responsabilizó al gobierno de las muertes y actos ilegales producto de los bloqueos, al igual que a los magistrados, a quienes dijo que se están manchando de sangre por la angurria de poder.

Egüez advirtió que el gobierno de Arce tendrá que enfrentar las consecuencias legales de sus hechos delictivos, y que en su momento serán juzgados por un sistema de justicia probo. Por su parte, el ministro Lima defendió la prórroga de los magistrados, argumentando que se trata de una medida transitoria y necesaria para garantizar la continuidad del servicio judicial. Lima también acusó a la oposición de obstaculizar el diálogo y de buscar una reforma constitucional que debilite la independencia de la justicia.