El INRA aclara que el predio Santagro está en tierras fiscales
EL CASO ESTA EN MANOS DEL TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
AVASALLAMIENTO. Luego de los hechos de violencia que cobró la vida de dos personas en los enfrentamientos por esas tierras el INRA informa que el saneamiento concluyó en el 2021 y su decisión fue impugnada.
El cien por ciento del predio Santagro está en “tierras fiscales no disponibles” y dentro de la reserva forestal de Guarayos, informó el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Nuñez
En conferencia de prensa informó que en el 2021 el INRA finalizó el proceso de saneamiento de tierras en ese predio en conflicto emitiendo una resolución que señala que esas tierras son fiscales y le corresponden al Estado. El predio Santagro, está ubicado en el municipio de El Puente, departamento de Santa Cruz
Originalmente de acuerdo la Ley del Plan de Uso de Suelo (PLUS), estas tierras son de vocación forestal pero que se hizo el cambio de uso de suelo para uso agrícola
La resolución del INRA que declara tierras fiscales no disponibles fue impugnada por los presuntos propietarios de Santagro por lo que el caso se encuentra en el Tribunal Agroambiental, instancia que debe resolver este litigio.
MEDIDAS CAUTELARES
Eulogio Nuñez indicó que el Tribunal Agroambiental dictó medidas cautelares para proteger estos predios prohibiendo el asentamiento transferencia de estos previos, aprovechamiento forestal, además de la prohibición de asentamientos, transferencia a terceros o uso y aprovechamiento forestal. El Tribunal Agroambiental notificó a la ABT y las otras instituciones para que hagan cumplir sus disposiciones.
LEY 477
El director del INRA expresó su solidaridad con las familias de las víctimas de la violencia que debe ser investigado y aplicar sanciones a los responsables de estos delitos.
Eulogio Nuñez indicó que en Bolivia está vigente la Ley 477 contra los avasallamientos que penaliza las tomas de tierras y agrava cuando estas tomas se hace de manera violencia con el uso de armas de fuego.
“No toleraremos hechos de avasallamiento, sean estas tierras en proceso de saneamiento, tierras fiscales o tierras tituladas” expresó Recordó que la Ley 477 está vigente desde el 2013 y aplica entre 3 y 8 años de cárcel a los avasalladores que es un delito de orden público.
DEBE CUMPLIRSE LA PALABRA EMPEÑADA DEL PRESIDENTE
El gerente de la Asociación de productores de Oleaginosas (ANAPO), Jaime Hernández explicó que hay el compromiso y la palabra empeñada del presidente Luis Arce de frenar los avasallamientos y se espera que esa palabra empeñada que sea honrada.
Hernández indicó que los constantes avasallamientos generan inseguridad como ocurre con el avasallamiento de la propiedad Santagro donde están a punto de perderse 1. 800 hectáreas de soya que están listas para cosechar