El INRA advierte que no tolerará avasallamientos y anuncia desalojo
PREPARA 17 DESALOJOS DE AVASALLADORES EN SANTA CRUZ
RESTRICCIONES. Se hará seguimiento caso por caso, esa institución tiene 167 denuncias de avasallamientos en todo el territorio nacional. El plan será puesto en marcha de emergencia en coordinación con las organizaciones de pequeños, medianos y grandes productores afectados con el avasallamiento de tierras.
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, afirmó ayer viernes que no se tolerará avasallamientos en tierras privadas o fiscales y que en los próximos días se pondrá en marcha un plan de desalojo.
“En los próximos días se va a empezar a ejecutar este plan de desalojo con auxilio de la fuerza pública. Va nuestro mensaje a todas las personas que de manera ilegal están ocupando predios privados o tierras fiscales, que no se va a tolerar (avasallamientos)”, dijo en conferencia de prensa.
El ejecutivo del INRA explicó que el plan será puesto en marcha de emergencia en coordinación con las organizaciones de pequeños, medianos y grandes productores afectados con el avasallamiento de tierras.
El avasallamiento de tierra es un delito que está tipificado en la Ley 477, que establece que quien ocupe de manera violenta o de otra forma tierras privadas o fiscales tendrá una sanción de tres a ocho años de cárcel.
Cuando el avasallamiento es en manchas urbanas la competencia es de los gobiernos autónomos municipales, pero cuando es en tierras tituladas corresponde denunciar ante los juzgados agroambientales o el Ministerio Público.
Dijo que en el caso de Santa Cruz ya se tiene en competencia del INRA 17 intimaciones y se coordina con la Policía Boliviana su ejecución para revertir esos predios. “El que ocupa tierras de manera violenta o que no son suyas, ya sean privadas o fiscales tiene una sanción de tres a ocho años, tiene que denunciarse ante un juez agroambiental y el Ministerio Público”, declaró.
Aseguró que Santa Cruz es uno de los departamentos más afectados, le sigue el Beni, Cochabamba especialmente en manchas urbanas cuya competencia es de los gobiernos municipales.
En Bolivia el 89% de las tierras ya están tituladas y son los propietarios quienes deben accionar ante avasallamientos, el restante 11% son predios en los que aún no se concluyó el proceso de saneamiento.
“Se está denunciando sobre hechos de avasallamiento y como Gobierno nacional, como Instituto Nacional de Reforma Agraria, estamos en una lucha frontal contra ese ilícito”, enfatizó Núñez.