El TSJ afirma la ALP no autorizó ningún juicio de responsabilidades
SE CONFIRMA QUE AÑEZ SERÁ PROCESADA EN LA VÍA ORDINARIA
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, afirmó ayer que en esa instancia no radica ningún juicio de responsabilidades en contra de la presidenta Jeanine Áñez y que, por tanto, no se abrió ninguna competencia jurisdiccional de esta entidad.
“El Tribunal Supremo no ha recibido ninguna autorización de parte de la Asamblea Legislativa para iniciar ningún juicio de responsabilidades a ninguna autoridad; en esa medida no radica en sala plena del Tribunal Supremo ningún proceso en contra de esta ciudadana, por lo tanto, para el Tribunal Supremo no se ha abierto ninguna competencia jurisdiccional”, indicó Torres, según informaron medios estatales.
Así, se confirmó que Añez será procesada por la vía ordinaria por el caso referido a la masacre de Senkata que ocurrió durante su Gobierno, en noviembre del 2019.
Torres explicó que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia actuó como “juez contralor” y, bajo esa competencia, determinó remitir “los antecedentes de este proceso (Senkata), entiendo, a un juez de El Alto”.
En enero pasado, después de tomar conocimiento del proceso, el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto definió que Áñez debe ser juzgada penalmente y no en un juicio de responsabilidades, por la masacre perpetrada en Senkata.
Familiares de las víctimas plantearon la demanda penal en contra de Áñez, por la muerte de 10 personas y decenas de heridos por impactos de bala durante la intervención policial-militar a una protesta vecinal en el 19 de noviembre de 2019.
El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó el 19 de enero que ante el bloqueo de la oposición, pese a sus compromisos, se solicitó a la Cámara de Senadores que los antecedentes de la proposición acusatoria planteada contra Áñez para un juicio de responsabilidades en el Legislativo sean devueltos al Tribunal Supremo de Justicia.
La solicitud -recordó- fue aceptada y los documentos fueron devueltos el año pasado, por lo que ahora la única alternativa para dar justicia a las víctimas es en la vía judicial.
De acuerdo con la investigación preliminar, el 19 de noviembre de 2019, agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas reprimieron a la población civil de El Alto “registrándose un saldo de 31 personas heridas cuyas lesiones son compatibles con proyectil de arma de fuego, lesiones por elemento contuso perforante; así como 10 personas fallecidas a causa de impacto por proyectil de arma de fuego, de los cuales se identifica 2 fallecidos por calibre 9 mm, 1 fallecido por calibre 5.56 y 4 fallecidos por calibre 22; los restantes 3 cadáveres presentaron orificios de entrada y de salida”.