Empresarios: el contrabando “socava el Estado de derecho”

CIFRAS. Según la ALAC estima que anualmente el contrabando en Latinoamérica mueve más de 210 mil millones de dólares, es decir el 2% del PIB regional. En Bolivia, un estudio de la CEPB estimó que, en 2017, este delito alcanzaba a 2.500 millones de dólares anuales.

Los problemas generados por el contrabando a la producción nacional toman niveles alarmantes, con una afectación de 3.300 millones de dólares al año, es decir representa el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, según datos de la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

El Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño indicó que el contrabando está socavando el Estado de derecho y minando la confianza en las instituciones democráticas porque fomenta la corrupción y facilita las prácticas ilícitas. “El combate al contrabando es un objetivo esencial cuyo resultado puede significar, para las empresas, la diferencia entre mantenerse vigente o colapsar”, señaló.

Declaraciones vertidas en el IX Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticorrupción (ALAC) desarrollado en Santa Cruz y que concluye hoy, en el cual participan 150 delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Perú.

Ortuño afirmó además que “Para derrotar al contrabando no basta solamente el cumplimiento normativo, sino el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas y la promoción de la transparencia”.

Asimismo, planteó la necesidad de generar un modelo de colaboración estrecha entre las instancias públicas y privadas, porque considera que “este desafío no puede ser enfrentado de manera efectiva por un solo sector; se requiere voluntad política, acciones concretas, solidaridad y colaboración entre todos los niveles de la sociedad. Solamente cuando haya una conjunción plena de voluntades y acciones, podremos generar impactos reales y sostenibles”, concluyó.

Por su lado, el presidente de la CNI, Pablo Camacho sostiene que este delito no sólo perjudica a las grandes industrias, sino también a las pequeñas y medianas empresas. “El contrabando está asfixiando a la gran, pequeña y mediana industria. Aquí hay que ser muy claros y debemos hablar ya de contrabando y crimen organizado. Hoy el contrabando permite el lavado de dinero, narcotráfico y trata de personas”, afirmó.

El impacto en las fuentes de empleos alcanza a 600.000 trabajadores, remarca Camacho. El industrial lamenta que los productos que ingresan de manera ilegal deberían ser exportados para generar los dólares que el país necesita.

En tanto, la ALAC estima que anualmente el contrabando en Latinoamérica mueve más de 210 mil millones de dólares, es decir el 2% del PIB regional. En Bolivia, un estudio de la CEPB estimó que, en 2017, este delito alcanzaba a 2.500 millones de dólares anuales, aunque investigaciones recientes indican que se ha incrementado por encima de los 3.000 millones.

Para hoy se prevé la realización de mesas técnicas en las que los asistentes analizarán los efectos del contrabando y las experiencias de protección, en industrias de textiles, confecciones y calzado; medicamentos, alimentos, insumos de protección y nutrición de cultivos; telecomunicaciones, llantas, acero y metalmecánica, cosméticos, cigarrillos y licores.