
En el 2022 exportó $us 3 mil millones y aportó $us35 millones
MINERIA AURÍFERA. La minería aurífera está saqueando al país. El año pasado exportó $us 3 mil millones y sólo aportó $us35 millones. Ahora exige más áreas para explotar, no pagar impuestos y otros beneficios.
El reconocido periodista y abogado Andrés Gómez señaló que el aporte de los cooperativistas mineros es mínimo en comparación con la explotación desmedida que llevan a cabo. Citando cifras recientes, el año pasado la exportación de oro alcanzó la asombrosa cifra de $us 3 mil millones, pero el beneficio neto para el Estado apenas rozó los $us 35 millones, lo que en su criterio de está produciendo es un saqueo.
Gómez se refirió al tema a propósito de las movilizaciones del sector minero cooperativizado que se encuentra movilizado en la ciudad de La Paz exigiendo un pliego en el se contempla la exigencia que se les autorice la explotación irrestricta inclusive en Áreas Protegidas
Expresó la preocupante conexión entre el gobierno y grupos corporativos, incluyendo a algunos cooperativistas auríferos que ahora cambio exigen beneficios sectores que en muchos casos están por encima de la CPE.
APOYAN AL GOBIERNO A CAMBIO DE PERMISIVIDAD
Asegura que estos grupos respaldan al gobierno actual y también apoyaron a la administración de Evo Morales, no por afinidad democrática o revolucionaria, sino por la permisividad que ambos gobiernos les brindaron para explotar el oro sin restricciones, incluso en áreas protegidas. Gómez sostiene que esta relación ha llevado al aumento significativo de cooperativas mineras, pasando de unas 200 en 2005 a alrededor de 1.900 en la actualidad.
La contradicción entre la teoría y la práctica gubernamental es evidente, ya que, aunque en teoría se defienden los derechos de la madre tierra y se promulgan leyes en su favor, en la práctica se observa un constante avasallamiento y violación de estos derechos.
DOS VISIONES CONTRAPUESTAS
“La reciente marcha de los cooperativistas mineros, exigiendo mayores beneficios y acceso a áreas protegidas, contrasta con la marcha posterior de jóvenes en defensa del medio ambiente. Mientras los mineros defienden sus intereses económicos, los jóvenes abogan por los derechos de la madre tierra y la preservación del ambiente”, expresó.
Gómez señala que hay una falta de cumplimiento de normas constitucionales en el sector minero, evidenciada por la designación de directores que no cumplen los requisitos y la remoción de aquellos que buscan hacer cumplir las normas.
Señaló finalmente que la relación entre el gobierno y los cooperativistas mineros plantea interrogantes sobre la legalidad y la verdadera contribución de este sector a Bolivia. “El bienestar de la población y la preservación del medio ambiente están en juego, y es necesario un enfoque equilibrado que armonice los intereses económicos con la protección de los recursos naturales”, reflexionó.