Envían a la cárcel al alcalde de El Torno por 60 días

DETERMINACIÓN . El juez Juan José Quiroz envió con detención preventiva por 60 días al alcalde de El Torno, Hediberto Cuéllar. El Gobierno denunció al burgomaestre por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en la compra de tres motorizados por más de Bs 3 millones.

Por presunto sobreprecio en la compra de tres motorizados, el alcalde de El Torno, Hediberto Cuéllar, fue enviado ayer preventivamente a la cárcel de Palmasola por 60 días.

Legalmente los delitos imputados contra el burgomaestre son conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

El fiscal asignado al caso, Alberto Zeballos, informó que como Ministerio Público apelarán la decisión del juez porque no fue el plazo de detención solicitado.

De acuerdo con los antecedentes del caso, al alcalde Hediberto Cuéllar lo demandaron por la compra irregular de dos vehículos compactadores para residuos sólidos y volqueta, todos de la marca Volkswagen.

Los motorizados fueron comprados a una empresa automotriz de Cochabamba. El valor por la compra de los motorizados supera los Bs 3 millones.

La empresa no se encontraba habilitada para realizar adquisiciones ni mucho menos para hacer ensamblajes de vehículos que debieron ser nuevos.

En el marco de las investigaciones se ha convocado a declarar a funcionarios públicos de las secretarías de Obras Públicas y de Finanzas, además de los representantes de la empresa que vendió los motorizados.

La denuncia contra el alcalde de El Torno en la Fiscalía fue realizada en enero por el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. A la denuncia se adhirieron concejales de El Torno.

Mariano Medina, abogado del burgomaestre, dijo que apelaron la decisión del juez porque no se respetó el derecho a la presunción de inocencia.

El abogado indicó que cuando alguien compra un bien tiene su precio es en beneficio del municipio, eso no significa que haya dispuesto para él o sus intereses personales. El jurista denunció una contradicción total, dado que quienes aprueban la ley para la compra de los motorizados son los que denuncian la presunta irregularidad.

Source Ronald Pérez