La escasez de carburantes en Bolivia puede tener graves efectos en la seguridad alimentaria del país, según Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia. Akamine destacó que, pese a la emisión reciente de un decreto para regular este sector, no se han abordado las causas estructurales de la crisis. “La caída de las exportaciones y de las remesas que llegan al país ha reducido considerablemente el ingreso de divisas. Si no se corrige esta situación, 2025 será un año aún más complicado”, advirtió.
El economista también señaló que el déficit fiscal de Bolivia, es uno de os mayores problemas porque podría superar el 10% frente al promedio latinoamericano que no sobrepasa el 3 %
“Nuestra economía sigue dependiendo excesivamente de la exportación de recursos naturales. Alternativas como la producción de biocombustibles están siendo desaprovechadas, pese a su potencial para aliviar la crisis de los hidrocarburos”, explicó. Asimismo, lamentó que iniciativas privadas, como las desarrolladas por comunidades menonitas en Tarija para producir biocombustibles, no estén recibiendo el apoyo necesario. “Brasil, Argentina y Perú ya han incorporado combustibles alternativos como el biodiésel y el etanol en sus matrices energéticas. Bolivia debe adoptar una visión similar para garantizar su sostenibilidad económica y energética”, agregó.
IMPORTACIÓN PRIVADA Y PRECIOS REALES
Otra preocupación planteada por Akamine es la falta de apertura para que el sector privado importe combustible de manera directa. Según el economista, esto permitiría un abasto más rápido, aunque también requeriría sincerar los precios. “Es inevitable hablar de un ajuste en los precios del combustible. Un esquema regulado no es sostenible bajo las actuales condiciones económicas”, sostuvo.
IMPACTO EN EL SECTOR PRODUCTIVO
La escasez de combustible ya está afectando al sector agropecuario e industrial. Representantes de pequeños productores reportaron que el suministro actual es insuficiente para mantener la productividad. Además, persiste la incertidumbre sobre la importación y distribución de carburantes, ya que YPFB y otras entidades gubernamentales no han ofrecido soluciones claras.