Exprocurador Wilfredo Chávez es denunciado por daño económico
GOBIERNO . La Procuraduría General del Estado denunció al exprocurador Wilfredo Chávez por daño económico de Bs 5.4 millones durante su gestión. Chávez contrató abogados externos para 10 casos, pero en muchos no fueron de utilidad. Otro delito es incumplimiento de deberes.
La Procuraduría General del Estado presentó una denuncia penal contra el exprocurador Wilfredo Chávez – actual abogado de Evo Morales- por privatizar la defensa del Estado al contratar abogados externos – nacionales y del extranjero – para 10 casos, en mucho de los cuales no fueron de utilidad, con un daño económico de algo más de Bs 5.433.603,9.
El procurador César Siles informó que Chávez fue denunciado por los delitos de resoluciones contrarías a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes; contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, que tienen una pena máxima de 10 años de privación de libertad, según el Código Penal.
“El delito de conducta antieconómica está presente en estos 10 contratos. El delito de conducta antieconómica exige un sujeto activo, que es una máxima autoridad ejecutiva, en este caso era el Procurador General del Estado”, explicó y añadió que en los cerca de tres años de gestión de la exautoridad hubo “una mala administración, decisión y gerencia”.
De acuerdo con el director Jurídico de la Procuraduría, Aldo Torrez, la denuncia se centra en 10 de más de 30 contratos que se firmaron en la gestión de Chávez, y que fueron sometidos a una auditoría.
El monto global de los contratos suma Bs 11.953.800,00, de los cuales se ejecutaron o pagaron Bs 5.433.603,9.
Entre las irregularidades identificadas está la firma de contratos, porque no “se tenían la justificación necesaria” debido a que la Procuraduría cuenta con la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado, con más de 20 abogados, que debía asumir esta labor. La Procuraduría cuenta con una planta de 200 funcionarios, de los que más de 170 son abogados.
La auditoría identificó que en uno de esos casos el bufete de abogados no cumplía requisitos previstos en el Reglamento de Contratación Directa de Servicios Especializados de Consorcios Jurídicos, Abogados: sean Nacionales o Extranjeros y otros Servicios Especializados para la Defensa Legal del Estado», como la matrícula actual del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), la falta de poder o mandato específico y la ausencia de informe legal que justifique la contratación.
También fueron descubiertos contratos vigentes -simultáneamente-con el mismo objeto. Además, se contrataron abogados cuando el arbitraje planteado aún no había iniciado, para una etapa prearbitral, sin que se tenga atribuciones para tal efecto.