Fiscalía imputa por casos Senkata y Sacaba a Añez y 18 colaboradores
PROCESOS. La imputación de la Fiscalía General del Estado es por los hechos luctuosos registrados en Senkata y Sacaba durante los conflictos sociales del 2019, contra la ex presidente Jeannine Añez y 18 colaboradores, para quienes pide la pena de 30 años de privación de libertad.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que se presentó la acusación formal contra 18 personas por el delito de genocidio, por los casos Senkata y Sacaba, donde fallecieron 20 personas en noviembre de 2019. La principal acusada es la expresidenta Jeanine Añez y la acompañan sus exministros, además de exjefes militares y policiales, quienes irán a juicio ordinario por este caso.
Lanchipa indicó que, por la gravedad de los delitos solicitarán 30 años de cárcel para todos los implicados. En ambos casos el ministerio público investiga los hechos de represión militar y policial contra manifestantes.
En el caso Sacaba, se investigaron los hechos del 15 de noviembre de 2019, cuando la represión dejó 10 muertos por impacto de bala en el puente Huayllani, al intervenir una marcha de interculturales que se dirigía a Cochabamba.
Los acusados son Jeanine Añez Chávez, sus exministros Luis Fernando López y parte del alto mando de las Fuerzas Armadas.
En el caso Senkata, se investigaron los hechos del 19 de noviembre en El Alto, donde fallecieron 10 personas. Se acusa también a la ex mandataria Jeanine Añez Chávez, sus exministros Luis Fernando López, Arturo Murillo y Víctor Hugo Zamora y otras ex autoridades.
La represión armada se dio en este caso después de que las fuerzas del orden realizaron una operación de exfiltración, para abrir el paso a los combustibles desde la planta de Senkata. Se usó armas de guerra contra los manifestantes.
Tras conocer la acusación formal en los casos Senkata – Sacaba, la ex presidente Jeanine Añez rechazó los cargos de genocidio que le atribuyen. “Me acusan de genocidio como si fuera Hitler, Hamás o las dictaduras que aplauden. Genocida es matar al pueblo de hambre y droga, intoxicación con mercurio o incendios, cercar ciudades, prohibir paso de oxígeno y alimentos”, publicó Añez en redes sociales.
Denunció que la “arrancaron” de su hogar en marzo de 2021, cuando fue detenida, lamentando que no habrá justicia en tanto no haya juicio de responsabilidades y Evo Morales responda ante un Tribunal.
En tanto el abogado de Añez, Luis Guillén, explicó que el delito de genocidio supone la exterminación de un determinado grupo social étnico, pero en este caso el único elemento en común los afectados era su afinidad con el MAS. En ese marco, sostuvo que se está aplicando un criterio incorrecto en la acusación.