Fiscalía no debería depender del ‘dedazo’ del jefe de turno
CRITICAS.- El expresidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Arturo Yáñez, observa un gran deterioro en la independencia del Ministerio Público, que ha caído bajo el control de decisiones políticas arbitrarias.
La reciente destitución de una fiscal en el departamento de Tarija ha generado un intenso debate en torno a la desinstitucionalización de la fiscalía general del Estado. Según el expresidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Arturo Yáñez, esta situación refleja un preocupante deterioro en la independencia del Ministerio Público, que ha caído bajo el control de decisiones políticas arbitrarias.
CRÍTICAS A LA FALTA DE INDEPENDENCIA DE LA FISCALÍA
Arturo Yáñez, reconocido jurista y exlíder del Colegio de Abogados, afirmó que la destitución de fiscales departamentales se ha convertido en un acto condicionado por decisiones políticas. “El problema es que la Fiscalía no debería depender del ‘dedazo’ del jefe de turno. Es necesario un clima institucional donde los fiscales puedan ejercer sus funciones con independencia y no bajo la amenaza constante de ser removidos por razones políticas», señaló Yáñez.
En su crítica, Yáñez enfatizó que la falta de institucionalidad dentro de la Fiscalía provoca que los fiscales sean nombrados por conveniencia política y no por méritos profesionales, lo cual deteriora la confianza en la justicia. «La ley del Ministerio Público establece concursos públicos y evaluaciones de méritos para estos cargos, pero esa práctica se ha desvirtuado en los últimos años», agregó.
EL «DEDAZO» EN LAS FISCALÍAS DEPARTAMENTALES
Una de las principales preocupaciones expresadas por Yáñez es que la designación de fiscales departamentales, que debería estar basada en convocatorias públicas y un riguroso proceso de selección, ha sido reemplazada por decisiones discrecionales. «El fiscal general designa a los fiscales departamentales, lo que, en ausencia de un proceso transparente, deja la puerta abierta para que los políticos controlen estas designaciones», explicó.
Esta falta de institucionalidad ha llevado, según Yáñez, a una justicia manipulada que responde a los intereses políticos del momento. “Juan Lanchipa, como fiscal general, parece estar siguiendo el ritmo que le marcan los actores políticos, lo cual pone en riesgo la independencia del Ministerio Público”, sentenció el jurista.
PREOCUPACIONES EN EL ÁMBITO LEGISLATIVO
El diputado Marcelo Pedraza también se sumó a las críticas, señalando la importancia de la institucionalidad en la fiscalía general. «Hemos exigido por años que se respete la carrera fiscal y que se evalúe adecuadamente a los fiscales, pero esto no ha sucedido. Se siguen designando fiscales de manera libre, sin un proceso de méritos que garantice su independencia», manifestó Pedraza.
El diputado remarcó que es necesario contar con fiscales que generen confianza en la población a través de un proceso de selección transparente. «La falta de institucionalidad en la Fiscalía provoca que estas autoridades estén expuestas a presiones políticas, y los resultados son evidentes: la justicia pierde credibilidad», concluyó.
UN LLAMADO A REFORMAR LA JUSTICIA
Tanto Yáñez como Pedraza coinciden en la necesidad de reformar el sistema de designación de fiscales en Bolivia, asegurando que el proceso sea transparente y que se respete la independencia de la institución. De no tomarse medidas urgentes, la desinstitucionalización de la Fiscalía continuará socavando la justicia en el país.