Ganaderos y comercializadores de carne rechazan tasa de Bs 10
REUNION. Los ganaderos de Santa Cruz y comercializadores de carne al detalle rechazan el cobro de Bs 10 por cabeza de ganado faenado y comercializado que debe entrar en vigencia el próximo 4 de diciembre, según lo establecido por las Leyes 54 y 210 en sus respectivos reglamentos, piden reunirse con las autoridades regionales.
Ganaderos bovinos y comercializadores de carne al detalle en Santa Cruz rechazan la aplicación de la Ley departamental 210, que establecen una tasa de 10 bolivianos por cabeza faenada o comercializada, que será aplicada desde el lunes 4 de diciembre.
Según el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), Adrián Castedo esta normativa no fue consensuado con el sector productivo, por ello solicitaron a la brevedad respuesta a la carta enviada el 19 de julio pasado a la Gobernación donde piden la abrogación de ambas leyes y proponen consensuar una nueva normativa que se ajuste a la realidad del sector productivo cruceño.
El sector ganadero solicita trabajar en una nueva estructura sanitaria consensuada con los productores y acorde al modelo de desarrollo productivo del cual forman parte los 33 mil productores. Esto garantizará el abastecimiento del mercado con carne bovina de la mejor calidad.
De mantenerse la tasa de los 10 bolivianos, advierte Castedo el costo de producción se verá incrementado y por ende obligarán al productor a trasladar al consumidor final en el precio. “Informamos a la población en general que este cobro que pretende realizar la gobernación, en caso de llegar a implementarse, repercutirá negativamente en toda la cadena de la carne del departamento y del país en general”, remarcó el presidente de Fegasacruz.
Desde la Gobernación cruceña, el secretario de Desarrollo Económico, Edgar Landívar a tiempo de convocar a los productores ganaderos a una reunión, aclaró que la Ley 210 fue aprobada el año 2012 en la gestión de Rubén Costas y sí no la aplican estaría incumpliendo la norma.
Sin embargo, Landívar agregó que los recursos obtenidos a través de la tasa de 10 bolivianos serán destinados al control de monitoreo sanitario en función que el gobierno nacional levantó la vacunación obligatoria contra la fiebre aftosa en el país, por ello la necesidad de reforzar los mecanismos de control sanitario.
Los comercializadores de carne al detalle también cuestionaron la ley departamental, advirtiendo medidas de presión para su anulación, advirtiendo que es atentatoria a la población y tiene un impacto negativo en la economía nacional porque obligará a incrementar el precio del kilo gancho. Al igual que los ganaderos solicitan una reunión con autoridades de la Gobernación antes de su aplicación el próximo lunes. “En caso de que se pretenda imponer este cobro, el sector carnicero se reserva en las acciones a seguir”, reza el comunicado emitido por el sector.