Gobernación: Salud sufrirá un recorte del 35% de recursos el 2024

MEDIDAS. El sector salud sufrirá un recorte del 35% en los recursos asignados el siguiente año, situación que preocupa a todos los actores del área que ayer se reunieron a convocatoria del Comité Cívico cruceño para buscar acciones que permitan mantener la atención en los hospitales con normalidad.

La gobernación de Santa Cruz atraviesa por una complicada situación económica a raíz de la reducción de ingresos económicos correspondientes a regalías de hidrocarburos y minería, además de coparticipación tributaria,

En el área de salud, el recorte presupuestario para la gestión 2024 será del 35%, confirmó la Secretaria interina de Salud y Desarrollo Humano, Lidia Mayser. “Vamos a tener un 35% menos de recursos, en una situación en la que los hospitales se están cayéndose por falta de mantenimiento, donde los hospitales no tienen la cantidad de médicos necesarios y no se tiene los medicamentos para atender a la población… si ya estamos mal ahora, cómo será cuando no tengamos esos recursos”.

Ante el recorte presupuestario previsto la Gobernación a través de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano y el Servicio Departamental de Salud (Sedes), participó de una reunión convocada por el Comité pro Santa Cruz, para buscar salidas a la crisis que enfrenta el sector público sanitario. Del encuentro participaron también la alcaldía cruceña y el Fesirmes.

Uno de los problemas más críticos que enfrenta la Gobernación, es pagar el salario de los profesionales en salud que debe ser cubierto por el Estado, pero ante este déficit el ente departamental asume esta responsabilidad, dejando de atender sus competencias como infraestructura y equipamiento de los hospitales de 3er nivel.

En ese sentido, la autoridad destacó que este encuentro permitió unir esfuerzos para encontrar soluciones para ver de dónde se puede obtener recursos, cuáles son las deudas que se tiene y que estrategias se aplicarán para enfrentar este problema.

Por esta situación la gobernación busca mecanismos para que el gobierno central asuma las competencias establecidas por ley que fueron designadas a gobernaciones y municipios con el transcurso de los años.