Gobierno clausura cámaras empresariales en Nicaragua
MEDIDA . El Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua canceló la personalidad jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada y todas las cámaras que lo integraban. Supuestamente las organizaciones no completaron el proceso de convalidación de registro.
El régimen de Daniel Ortega canceló la personalidad jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y de todas las cámaras que lo integraban, en una nueva ofensiva contra el sector empresarial.
La resolución del Ministerio de Gobernación, publicada en el diario oficial La Gaceta, argumenta que las organizaciones no completaron el proceso de convalidación de registro, conforme a lo establecido en la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
Según informó el periódico La Prensa, las organizaciones habían enfrentado problemas para concretar la convalidación, el mismo caso que muchas ONG canceladas luego de que las autoridades no les reciban los documentos ni facilitaban el trámite de aprobación.
Semanas atrás, la dirigencia del Cosep formó parte del grupo de presos políticos desterrados a EEUU.
“El Consejo Superior de la Empresa Privada agradece al Gobierno de Nicaragua por la decisión unilateral de liberar a 222 presos, entre ellos 7 miembros de Cosep”, indicó la patronal nicaragüense, a través de una declaración pública. Entre los 7 miembros del Cosep que fueron excarcelados y expatriados se encuentran Michael Healy y Álvaro Vargas, quienes presidían esa cúpula patronal cuando fueros arrestados por delitos considerados traición a la patria.
“La población vive aterrorizada (…) Casi todos los medios independientes y las oenegés trabajan desde el extranjero” y “la situación sigue empeorando”, afirmó la semana pasada el presidente del Grupo de Expertos de la ONU en Derechos Humanos sobre Nicaragua, Jan Simon.
A su lado, la experta colombiana Ángela María Buitrago señaló la “amenaza constante” que pesa sobre los nicaragüenses “de ser denominados traidores”, que se “cancele su nacionalidad” y sean “deportados”. Esta situación recuerda “periodos muy oscuros de la historia”, subrayó Simon.
Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados, enfrenta una ola de condena de la comunidad internacional debido a su deriva autoritaria.