Gremios de prensa rechazan agresión contra periodistas
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) expresaron su rechazo a los hechos de violencia contra periodistas durante las movilizaciones sociales.
También denunciaron la censura judicial para impedir la cobertura periodística del denominado caso Golpe I.
El martes 7 de marzo, efectivos de la policía lanzaron gas lacrimógeno de forma directa e intencional contra las periodistas Helga Velasco y Carla Mercado, de los canales de televisión privados Cadena A y Unitel, respectivamente, cuando reportaban en vivo la marcha de protesta del Magisterio Urbano en la ciudad de La Paz, según informó la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
Un día después, el 8 de marzo, un periodista de TV OFF fue herido en la rodilla cuando cubría la movilización del magisterio nacional, según informó la agencia de noticias ABI. Asimismo, un oficial de Policía, que se identificó como el jefe de seguridad del Banco Central de Bolivia, impidió el trabajo de la prensa y amenazó con agredir al periodista Sergio Mendoza mientras realizaba la cobertura de la compra de dólares en la entidad bancaria y le exigió borrar el video que estaba grabando.
“Por otra parte, denunciamos que al menos tres medios de comunicación –Página Siete, El Diario y Periodismo Somos Todos– fueron expulsados de la audiencia de ampliación a la detención preventiva del caso Golpe I, en un acto premeditado de censura por parte de las autoridades judiciales a cargo de ese proceso”, se lee en una parte del comunicado del gremio.
La periodista de la radio Kollasuyo, Iris Toro, indicó que el grupo encabezado por Ada Vargas y Zenobia Guarayo ingresó directamente a golpear al presidente de la Brigada Parlamentaria de Potosí, Abelardo Colque y a otros asambleístas y que ella misma fue agredida
“Recordamos que el Estado está obligado a proteger la labor de las y los periodistas, identificar los riesgos y adoptar oportunamente las medidas de protección para evitar la violencia, y garantizar que la Policía respete y proteja el trabajo de la prensa”, señala el documento.
Asimismo, consideran “inaceptable y contrario a los estándares internacionales de libertad de expresión, el uso de las facultades administrativas o medios indirectos por parte de las autoridades judiciales para intentar censurar o restringir el alcance de los medios de comunicación”.