Hogares y centros y acogida denuncian intervención violenta

PRONUNCIAMIENTO. Denuncian que la intervención es intervención irregular y violatoria de los derechos de los niños y adolescentes que acogen. Cuestionaron que la investigación se haya basado en el escándalo mediático y la acusación sin prueba al director del hogar.

Los 25 centros de acogida y hogares de la Iglesia Católica en Santa Cruz, que brindan atención a más de 1.300 personas en situación de vulnerabilidad social, emitieron un pronunciamiento en el que denuncian una intervención irregular y violatoria de los derechos de los niños y adolescentes que acogen, por parte de las autoridades del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Según el comunicado, el pasado 26 de enero, estas instituciones ingresaron al Hogar de Niños Santa Cruz, cuyo director está siendo investigado por una supuesta denuncia de violencia sexual entre dos adolescentes que residen en el lugar, sin respetar el protocolo legal de actuación, que exige resguardo y protección de la identidad e integridad de los menores.

Los centros de acogida expresaron su rechazo a toda forma de violencia y agresión, y manifestaron su sorpresa e indignación por lo ocurrido en este hogar, que es parte de las obras de servicio social de la Iglesia Católica. Asimismo, cuestionaron que la investigación se haya basado en el escándalo mediático y la acusación sin prueba al director del hogar, en vez de buscar la verdad de los hechos.

Los centros de acogida exigieron a las instituciones públicas competentes que asuman sus responsabilidades establecidas en la Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente, y que revisen y concilien los actuales convenios de cooperación con su participación, para seguir atendiendo adecuada y dignamente a la población en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, los centros de acogida ratificaron su compromiso de seguir sirviendo a los más pequeños, últimos e indefensos de la sociedad, siguiendo el ejemplo de Cristo, y exhortaron a las autoridades a evitar emitir juicios superficiales de valor sobre su trabajo e intervenciones escandalosas y espectaculares, que solo dañan a la población que todos deben proteger.