HRW observa “uso excesivo” de la prisión preventiva en Bolivia
CONFLICTOS.- El informe puntualiza que, hasta octubre del año pasado, nadie fue juzgado por la muerte de 37 personas durante los conflictos suscitados tras la renuncia del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019.
El Observatorio de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (HRW, por su sigla en inglés), presentó su informe anual y lamentó el “uso excesivo” de la detención preventiva en presos políticos y aludió a la expresidenta Jeanine Añez, al gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, y al dirigente cocalero César Apaza.
“Las cárceles bolivianas continúan estando hacinadas, con atención sanitaria inadecuada y un uso excesivo de la prisión preventiva”, cita el informe de Human Rights Watch, a tiempo de considerar el uso desmedido de las acusaciones por “terrorismo”, tanto en el gobierno interino de Añez, como en el de Luis Arce.
A octubre de 2023, el gobernador Camacho permanece en prisión preventiva, acusado por la supuesta comisión de sedición, terrorismo y conspiración, por la causa denominada “Golpe de Estado I” y presentada ante la justicia a finales de 2020 por la exdiputada masista Lidia Patty.
En tanto que la expresidenta Añez continúa en la Cárcel de Mujeres de Miraflores desde marzo de 2021, acusada por la misma causa penal y sentenciada a diez años de prisión por el caso “Golpe II”, por la comisión de delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
Por otro lado, César Apaza, dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) fue detenido en septiembre de 2022, acusado por la participación en la quema del mercado de coca paralelo, dirigido por Arnold Alanes y afín al gobierno de Arce. Su encarcelamiento derivó en un deterioro considerable de su estado de salud.
CONFLICTOS DE 2019
El informe puntualiza que, hasta octubre del año pasado, nadie fue juzgado por la muerte de 37 personas durante los conflictos suscitados tras la renuncia del expresidente Evo Morales, en las zonas de Senkata (El Alto), Sacaba (Cochabamba); Pedregal (La Paz), entre otros lugares.
“A octubre de 2023 nadie había sido juzgado por las 37 muertes en el contexto de las protestas por las elecciones de octubre de 2019, así como por las presuntas torturas y otros abusos cometidos en ese contexto por las fuerzas de seguridad”, indica el texto.