Iglesia indica que la corrupción se está volviendo “cultura”

SACERDOTE. Monseñor Sergio Gualberti, arzobispo de Santa Cruz.

El arzobispo de Santa Cruz monseñor Sergio Gualberti expresó su preocupación por el retorno a la cultura de la corrupción que ha extendido sus tentáculos a las instituciones públicas y privadas, causando graves perjuicios, pobreza e inequidad en nuestra sociedad.

Sostuvo que la situación es tan grave que ya se está volviendo “cultura” y modo de relacionarnos en todas las esferas, descuidando otras obligaciones como resolver la pobreza que se observa en distintas regiones del país.

Gualberti dijo que una forma de responder a este problema es generar instrumentos concretos con espíritu de justicia y de solidaridad, a través de un Pacto Fiscal, reclamado por tantos sectores, pacto que sostenga una verdadera descentralización económica, expresión auténtica de democracia y oportunidad de vida digna para todos.

Durante su homilía dominical, recordó que Cristo Resucitado nos pide ser testigos de la vida nueva, de la esperanza y de la reconciliación, una reconciliación que nos lleve a la fraternidad y a vivir una cultura del encuentro, un encuentro fraterno y de integración.

Manifestó que otro motivo de angustia es la “creciente polarización política que provoca divisiones y la inestabilidad social, y erosiona nuestras energías en confrontaciones que paralizan la construcción de un proyecto común de país”.

Afirma que esa situación responde a intereses particulares que, en vez de servir, se sirven del pueblo, ignorando las necesidades reales de la población cada vez más desamparada ante la pandemia y golpeada por la falta de trabajo y la pobreza creciente.

Recordó que la confrontación del pasado ha causado confrontación y dolor y ha contribuido gravemente a esta situación de tensión, sin considerar que ahora es el momento de establecer la verdad de lo sucedido, como un paso necesario para la reconciliación y restablecer un clima de justicia y paz.

Señala que es deber del Estado proporcionar una investigación objetiva e imparcial, y establecer las responsabilidades de todas las partes involucradas, y remarca que la responsabilidad cae en los administradores de justicia que deben obrar con independencia, transparencia e integridad.

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