Iglesia indica que la corrupción se está volviendo “cultura”
El arzobispo de Santa Cruz monseñor Sergio Gualberti expresó su preocupación por el retorno a la cultura de la corrupción que ha extendido sus tentáculos a las instituciones públicas y privadas, causando graves perjuicios, pobreza e inequidad en nuestra sociedad.
Sostuvo que la situación es tan grave que ya se está volviendo “cultura” y modo de relacionarnos en todas las esferas, descuidando otras obligaciones como resolver la pobreza que se observa en distintas regiones del país.
Gualberti dijo que una forma de responder a este problema es generar instrumentos concretos con espíritu de justicia y de solidaridad, a través de un Pacto Fiscal, reclamado por tantos sectores, pacto que sostenga una verdadera descentralización económica, expresión auténtica de democracia y oportunidad de vida digna para todos.
Durante su homilía dominical, recordó que Cristo Resucitado nos pide ser testigos de la vida nueva, de la esperanza y de la reconciliación, una reconciliación que nos lleve a la fraternidad y a vivir una cultura del encuentro, un encuentro fraterno y de integración.
Manifestó que otro motivo de angustia es la “creciente polarización política que provoca divisiones y la inestabilidad social, y erosiona nuestras energías en confrontaciones que paralizan la construcción de un proyecto común de país”.
Afirma que esa situación responde a intereses particulares que, en vez de servir, se sirven del pueblo, ignorando las necesidades reales de la población cada vez más desamparada ante la pandemia y golpeada por la falta de trabajo y la pobreza creciente.
Recordó que la confrontación del pasado ha causado confrontación y dolor y ha contribuido gravemente a esta situación de tensión, sin considerar que ahora es el momento de establecer la verdad de lo sucedido, como un paso necesario para la reconciliación y restablecer un clima de justicia y paz.
Señala que es deber del Estado proporcionar una investigación objetiva e imparcial, y establecer las responsabilidades de todas las partes involucradas, y remarca que la responsabilidad cae en los administradores de justicia que deben obrar con independencia, transparencia e integridad.