Industriales instan al Gobierno frenar avasallamientos y a la ALP a penalizar bloqueos
Foto: CNI
Mediante una resolución, el Consejo Nacional de Presidentes de Industrias de Bolivia exhortó al Gobierno a frenar con los avasallamientos. Asimismo se instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ha penalizar, mediante una ley, los bloqueos.
Ayer, los industriales indicaron que el país está en una situación económica muy crítica. Advirtieron que habrá una crisis alimentaria, para lo cual es importante que privados y el Ejecutivo definan en conjunto un plan estratégico.
“Demandamos al Gobierno cumplir su mandato constitucional de garantizar la propiedad privada, actualmente vulnerada por tomas y avasallamientos; la libertad de circulación obstaculizada por bloqueos; y el respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho”, se lee en el punto 4.
El punto 5 reza: “Demandamos a la Asamblea Plurinacional la aprobación de la propuesta de Ley que penalice los bloqueos planteada por el sector industrial contemplando penas económicas y de privación de libertad para quienes destruyen y deterioran el aparato productivo. La libertad de circulación y otros derechos constitucionales de los ciudadanos no pueden ser vulnerados ni quedar impunes debido a intereses sectoriales”.
Los avasallamientos de tierras son un problema constante en las regiones del oriente del país y Norte de La Paz. Esto a cargo de los denominados interculturales, que son sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS).
En reiteradas oportunidades, parlamentarios de oposición denunciaron que la irrupción ilegal de propiedades, es un negocio para el tráfico de tierras. Esto afecta principalmente a productores, a propietarios, porque afecta su derecho a la propiedad privada.
El último bloqueo realizado por afines al expresidente Evo Morales, que duró más de 20 días, causó aproximadamente más de 2.200 millones de dólares de pérdidas económicas y afectación a los sectores productivos. También hubo una inflación de productos y escasez de los mismos, que afectó directamente a la población.
Esa medida de presión tenía como único fin garantizar la candidatura de Morales a las elecciones del 2025. Además de anular los procesos que tiene en contra el exmandatario. La obstrucción de vía no fue por ninguna demanda social.