Informe de EEUU sobre DDHH en Bolivia resalta diversos abusos
INFORME. El reporte presenta dos apartados para hablar de los presos políticos y el abuso de la detención preventiva donde se hace mención a los casos de la expresidenta Jeanine Añez y del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su informe sobre los Derechos Humanos en Bolivia 2022 donde resalta una serie de sucesos que evidencian situaciones de tortura, detenciones arbitrarias y una justicia corrupta.
El documento apunta a las autoridades judiciales y al aparato de la fuerza pública como principales promotores de las vulneraciones de los derechos humanos que terminan en prácticas como la tortura, tratos inhumanos o degradantes, condiciones penitenciarias potencialmente mortales, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión, violencia contra trabajadores de la prensa, graves problemas en la independencia judicial, entre otros.
“El Gobierno tomó medidas en algunos casos para procesar a miembros de los servicios de seguridad y otros funcionarios del Gobierno que cometieron abusos o actos de corrupción, pero la aplicación incoherente e ineficaz de la ley y un poder judicial corrupto propiciaron la impunidad”, resalta el informe en su resumen ejecutivo.
El reporte rescató el informe de la Defensoría del Pueblo, que en ese entonces estaba a la cabeza de Nadia Cruz, que observó que el Ministerio de Justicia no denunciaba la frecuente tortura practicada por policías.
“Las ONG informaron de que las investigaciones policiales recurrían en gran medida a la tortura para obtener información y extraer confesiones. Al parecer, la mayoría de los abusos se produjeron mientras los agentes trasladaban a los detenidos a dependencias policiales o los mantenían recluidos”, sostiene el informe.
Entre los casos que destaca, se menciona la denuncia que hizo la Defensoría del Pueblo el 10 de agosto pasado cuando 11 cocaleros fueron golpeados por efectivos de la Policía. Además, se prohibió tener contacto con sus abogados y se privó de alimentos durante su detención.
PRESOS POLÍTICOS Y ABUSO DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA
El reporte presenta dos apartados para hablar de los presos políticos y el abuso de la detención preventiva donde se hace mención a los casos de la expresidenta Jeanine Añez y del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho.
Sobre la exmandataria, se observó que fue condenada el 10 de junio a 10 años de prisión por el caso “golpe de Estado II” luego de permanecer más de un año con detención preventiva.
“Los grupos de derechos humanos expresaron su preocupación por que las detenciones de Añez y de miembros de su gobierno tuvieran motivaciones políticas. En junio, Human Rights Watch informó de que no veía pruebas que respaldaran las vagas acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración. El informe de Human Rights Watch también señalaba que a Añez no se le permitió estar físicamente presente en su juicio”, detalla en sus páginas.
El documento refleja la detención irregular de Camacho el 28 de diciembre de 2022 y su posterior reclusión preventiva en el penal de Chonchocoro.
“En respuesta a la detención de Camacho y los disturbios posteriores, el Secretario General de la ONU emitió una declaración en la que subrayaba la importancia de respetar el estado de derecho y garantizar el debido proceso y la transparencia en todos los procedimientos judiciales. Human Rights Watch declaró que la justificación de la detención preventiva de Camacho era ‘muy frágil’”, sostiene el texto.