REUNIÓN. El día de hoy se tiene prevista la reunión del Comité Interinstitucional sobre el censo.

Instituciones cruceñas rechazan realización del censo para 2024

REUNIÓN. El día de hoy se tiene prevista la reunión del Comité Interinstitucional sobre el censo.

Ante el anuncio de la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda para los meses de mayo o junio del 2024, determinación a la que se llegó en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías en la jornada de ayer, instituciones de Santa Cruz se pronunciaron al respecto rechazando en su totalidad la conclusión a la que llegaron.

En ese sentido, la gobernación cruceña calificó de fracaso y de ineficiencia del Gobierno central, la intención de postergar el Censo de Población y Vivienda para mayo o junio del año 2024.

Efraín Suárez, asesor de Gestión Institucional, considera que es un atentado en contra de la región y de incumplimiento a la Ley del censo, que establece que se debe realizar este procedimiento cada 10 años. “El gobierno ha perdido el rumbo y ha descuidado la gestión. Se retrasó en la cartografía, no entregó la boleta censal y en general no ha mostrado capacidad para realizar el censo”, expresó. Y confirmó que la gobernación y el gobernador Luis Fernando Camacho, asistirán esta jornada a la reunión del Comité Interinstitucional sobre el censo, para tomar decisiones sobre el tema.

Por su parte, Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz de la Sierra, manifestó que solicitó una reunión con el presidente Luis Arce, el director interino del Instituto Nacional de Estadística (INE), Martín Cordero y los otros alcaldes de ciudades capitales para que se explique el motivo de la postergación. Asimismo, acotó que si se va a postergar el censo, serían casi 100 millones de dólares que dejaría de percibir el departamento cruceño.  

En esa misma línea, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, indicó que la decisión de postergar el proceso censal para el 2024 solo ha dejado preocupación, por lo que se determinó llevar a cabo una reunión de emergencia del Comité Impulsor del Censo el día de hoy a 10:00 horas en predios de la estatal cruceña para pedir una explicación respecto al tema, ya que consideran una irresponsabilidad la postergación de la actividad y a su vez no descartan iniciar procesos contra los responsables de garantizar la ejecución del censo para este año.

Por su parte, la asambleísta departamental Paola Aguirre, indicó que posponer el censo hasta el 2024, significará retrasar el desarrollo de las regiones, “al centralismo no le interesa que Santa Cruz tenga más recursos económicos”, señalando que el Gobierno utiliza el censo como una estrategia electoral. Así también, añadió que se debe procesar por incumplimiento de deberes a aquellos funcionarios que tenían como mandato legal garantizar la realización del censo, pues recordó que existe una norma jurídica, que establece la obligatoriedad que tienen los gobernantes del nivel central para realizar el censo cada 10 años, como una herramienta de planificación estratégica para garantizar el desarrollo de los pueblos.

En ese marco, el vice Presidente del Comité Pro Santa Cruz Fernando Larach manifestó que es una arbitrariedad por parte del Gobierno postergar el censo para el 2024, ya que se sabía que no era viable poder llevarlo a cabo en la fecha que ellos lo habían propuesto y añadió que es una vergüenza que los miembros del Consejo Nacional de autonomías se presten al juego del Gobierno, por no llevar adelante el censo que muchos municipios lo necesitan para que se le asigne los recursos que les corresponde.”Vemos claramente que el Gobierno no quiere asignar los recursos a los más de 300 municipios del país, en la gestión 2020-2025”, indicó el líder cívico. De la misma manera, ratificó la realización de la reunión con el Comité Impulsor del Censo para determinar las acciones a seguir.

Finalmente, el jefe la bancada de Creemos, José Carlos Gutiérrez, señaló que las mentiras del Gobierno con relación al censo 2022 quedaron develadas con la suspensión de la actividad censal hasta 2024 y responsabilizó al presidente Arce, al Ministerio de Planificación y al INE, por haber manejado el tema de forma poco transparente.

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