Instituciones exigen a los órganos del Estado frenar los incendios
CARTA. Mediante una carta enviada a los presidentes de los tres órganos del Estado de Bolivia, 130 instituciones se declararon en emergencia por el desastre ambiental causado por los incendios forestales y exigieron la inmediata abrogación de las leyes que autorizan las quemas.
Ciento treinta instituciones de derechos humanos, apoyo a las poblaciones indígenas, educación, salud y medio ambientalistas se declararon en emergencia por la crisis medioambiental derivada por los incendios forestales que están destruyendo fauna silvestre en peligro de extinción y flora boscosa.
En este marco, enviaron una carta al presidente del Estado, Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes, a quienes solicitan asumir acciones inmediatas para frenar el ecocidio derivado del fuego.
Al órgano ejecutivo nacional exigen desplegar acciones efectivas para evitar la destrucción de la Áreas Protegidas. Establecer un sistema técnico y transparente de monitoreo de los incendios y su difusión en línea con datos comparativos por años, por mes y por día para que la sociedad civil conozca el avance de esta devastación y el efecto de las medidas de contención.
Además de implementar políticas de reforestación y restauración ecológica a corto, mediano y largo plazo en las zonas afectadas, con participación de las comunidades locales y políticas de adaptación y mitigación ante la emergencia climática y declarar desastre nacional para movilizar recursos varios, entre ellos de la cooperación internacional destinada a apagar los incendios lo antes posible.
Mientras que al Órgano Legislativo demandan abrogar el paquete de leyes que promueven la deforestación y los incendios para quitar la protección a los devastadores. Segundo, crear una legislación específica para proteger los territorios indígenas y áreas de producción forestal permanente, que garantice la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. Y aprobar una ley que prohíba definitivamente el desmonte y las quemas en áreas protegidas y tierras de alto valor ecológico.
Finalmente al Órgano Judicial las instituciones firmantes exigen activar todos los mecanismos para impulsar los procesos contra los responsables de los incendios, autores directos e intelectuales.
Las instituciones advierten que de no asumir las medidas propuestas por la sociedad civil “quedará claro que todas las instancias de poder se han convertido en cómplices de esta destrucción y que, lejos de querer apagar los incendios, pretenden mantenerlos activos para habilitar más y más tierras de cultivo, destinadas a satisfacer el lucro de poderosos sectores corporativos en el país, contradiciendo su retórica de protección de la madre tierra y el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.