En Santa Cruz empezó, junto con la colaboración de la Defensoría del Pueblo, una investigación laboral sobre la desvinculación de cinco personas en el Banco de Sangre, informó el jefe Departamental de Trabajo, Miguel Justiniano.
Se trata de un cargo de confianza y de cuatro consideradas controversiales. Las indagaciones preliminares dan cuenta de ciertas vulneraciones en las desvinculaciones, lo que ha llevado a establecer un cuarto intermedio hasta esta jornada.
Este período permitirá a las partes involucradas presentar la documentación necesaria para un análisis profundo y detallado de cada caso. La finalidad es determinar si las desvinculaciones tuvieron alguna causa ilegal, se explicó en un boletín institucional.
“El Ministerio de Trabajo es claro en su posición: cualquier desvinculación laboral que no esté amparada en el marco de la Ley General del Trabajo o que no siga un proceso sumario interno es ilegal. Las acciones unilaterales por parte del empleador en cuanto a despidos también son ilegales”, explicó.
Los trabajadores tienen derechos incluso en los procesos de despido y es fundamental que estos procedimientos se ajusten a la normativa vigente. En caso de comprobarse que las desvinculaciones fueron ilegales, el Ministerio de Trabajo gestionará la restitución de los trabajadores a sus respectivos puestos laborales.