Jubilación a los 65 años es sólo un señuelo para otros cambios

El analista político y social Emilio Rodas ha afirmado que la reforma al sistema de pensiones traerá consigo cambios significativos que el gobierno intenta enmascarar mediante un señuelo. Este señuelo consiste en la propuesta de jubilación a los 65 años, con el fin de distraer a los afiliados y evitar que perciban el aumento del tope de jubilación y de la jubilación solidaria de vejez, que pasarán de 4,200 a 5,200 y de 5 a 6, respectivamente. Este incremento será financiado mediante un aumento en el aporte patronal, que pasará del 3 al 3,5%.

Sin embargo, esta propuesta no tiene fundamento, ya que para ciertos sectores como el de los docentes universitarios, los 65 años es el momento ideal para continuar trabajando en plenas condiciones. Esta jubilación a los 65 años actúa como un señuelo para desviar la atención de otros temas críticos y ocultar una realidad que se viene gestando.

El sistema de capitalización individual de pensiones no garantiza la sostenibilidad a largo plazo, ya que el principal cliente financiero del gobierno son los bonos privados en manos de las AFP. Esta situación conlleva un escepticismo absoluto, ya que no tiene un impacto real ni en la generación de empleo. Aunque se habla de crear fuentes de trabajo, en realidad se están generando vacancias que no contribuyen a la economía.

El gobierno tiene un control total sobre la gestora de pensiones, lo que impide que los afiliados tengan una contraparte que vele por sus intereses. Además, las decisiones tomadas por el ejecutivo están orientadas a controlar todo el dinero, lo cual genera incertidumbre sobre su devolución.

Desde la implementación de la reforma de pensiones en 1996, el Estado se ha convertido en el principal cliente financiero de las AFP, lo que ha afectado la rentabilidad de las inversiones y ha generado una situación insostenible para los trabajadores.

El fondo solidario creado para compensar las deficiencias del sistema ya no es suficiente, lo que ha llevado al gobierno a proponer aumentos en los aportes y en el tope de jubilación.

En cuanto al sistema de corto plazo, las entidades aseguradoras enfrentan una crisis institucional debido a la deuda del Estado y a una estructura interna ineficiente. Esta situación requiere un debate nacional honesto para encontrar soluciones que beneficien a los trabajadores.