La CIDH espera un proceso de reconciliación en Bolivia
En un nuevo pronunciamiento sobre Bolivia tras la detención de exautoridades en el caso de supuesto “golpe de Estado”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró a que se respeten las garantías de las personas procesadas, expresó su preocupación por denuncias de falta de independencia judicial y llamó a que se entable un proceso de reconciliación.
“Tomando en cuenta los antecedentes de violencia motivada por sucesos políticos e institucionales, la Comisión reitera su llamado a que se conduzca, desde el más alto nivel del Estado, un proceso nacional de diálogo y reconciliación con el objetivo de desactivar las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad boliviana que promueva el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas”, dice el pronunciamiento.
Respecto al caso de los detenidos, la CIDH señaló que los procesos judiciales deben realizarse con irrestricto apego a los estándares interamericanos relativos a las garantías judiciales, protección judicial y acceso a la justicia, en el marco de un sistema de justicia independiente, imparcial y libre de interferencias de los otros órganos del Estado.
“Por ello, urge al Estado Plurinacional de Bolivia a continuar velando por que las personas procesadas en este contexto cuenten con garantías legales mínimas para ejercer sus medios de defensa, tales como el derecho a la presunción de inocencia; a contar con una defensa; a presentar recursos efectivos; a conocer la imputación o acusación; a conocer las pruebas y tener la posibilidad de contradecir estas últimas, entre otros”, detalló.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
La Comisión manifestó su “preocupación ante las reiteradas denuncias sobre la falta de independencia en la administración de justicia en el país, así como la prevalencia de desafíos estructurales en el sistema judicial”.
Recordó que la independencia de todo órgano es indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso y que su ausencia afecta el acceso a la justicia y fomenta la desconfianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia, en general.
Llaman a tomar medidas para garantizar imparcialidad.