La CPE es centralista por eso no funciona el “Estado Autonómico”
CENTRALISTA. El abogado Ricardo Sotillo dice que el sistema constitucional boliviano es centralista, lo que plantea un desafío para el ejercicio de las autonomías en el país
El abogado constitucionalista Ricardo Sotillo concluye que el sistema constitucional boliviano es centralista, lo que plantea un desafío para el ejercicio de las autonomías en el país. “Esta sentencia constitucional plantea una cuestión fundamental sobre el equilibrio de poderes entre el nivel central y los gobiernos departamentales”, expresó.
El abogado argumenta que la sentencia constitucional Nº 0076/2023 se enfoca en el tema del patrimonio natural, que está relacionado con la dotación de tierras y la gestión del suelo. Según la Constitución boliviana, el artículo 300 establece las competencias exclusivas de las gobernaciones, y el numeral 18 se refiere a la promoción y conservación del patrimonio natural departamental.
LA RESERVA DE LEY
Sin embargo, el artículo 346 de la Constitución establece “una reserva de ley” que requiere que el régimen de patrimonio natural sea regulado por una ley nacional.
En otras palabras, a partir de la aplicación del artículo 346 de la CPE, la sentencia del Tribunal Constitucional sostiene que las gobernaciones no pueden legislar sobre el patrimonio natural debido a la falta de una ley nacional que respalde estas competencias, lo que plantea un conflicto aparente entre la competencia exclusiva de las gobernaciones y la reserva de ley.
Esta sentencia convierte una “competencia exclusiva” de las gobernaciones en una “competencia compartida”, lo que impacta negativamente en la autonomía de los gobiernos departamentales.
CENTRALISMO ARRAIGADO
Sotillo también enfatiza que esta decisión del Tribunal Constitucional no es un problema aislado, sino una manifestación del centralismo arraigado en el diseño constitucional boliviano. Sugiere que se necesita una revisión profunda de la Constitución para fortalecer el sistema autonómico y evitar futuros conflictos de competencia.
En cuanto a las posibles acciones a tomar para revertir esta sentencia, Sotillo indica que se requiere la promulgación de una ley nacional que respalde las competencias de las gobernaciones en el patrimonio natural. Esto, a su vez, requeriría que las Asambleas Legislativas Departamentales emitan una nueva norma que refuerce las competencias de conservación del patrimonio natural.