La Fiscalía investiga presunto sobreprecio en el caso camionetas
ALLANAMIENTO. La Fiscalía Departamental de Santa Cruz, en coordinación con la Policía Boliviana, realizó un allanamiento en la Quinta Municipal para secuestrar documentación respecto a la compra de 29 camionetas. El secretario de Administración y Finanzas, Mario Centellas ratificó transparencia en la gestión.
En el marco de la investigación de un presunto sobreprecio en la compra de 29 camionetas, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, en coordinación con la Policía boliviana, allanó ayer las oficinas de la Quinta Municipal, para buscar documentación sobre la adquisición de los vehículos.
El fiscal de la unidad de Anticorrupción, Alexander Mendoza, junto a personal de la FELCC confirmó este operativo como parte de la investigación. “Se ha secuestrado varias carpetas referentes a los precios y las vamos a analizar”, dijo.
Además, indicó que citó a declarar en calidad de testigo al secretario de Administración y Finanzas, Mario Centellas quien deberá presentarse ante el Ministerio Público para seguir con el proceso investigativo.
En ese marco, Centellas señaló que el pasado 13 de octubre, hizo llegar la documentación correspondiente respecto a la compra de las camionetas a la Fiscalía, la Contraloría General del Estado, la Dirección de Transparencia del Gobierno Municipal, al presidente de la Cámara de Diputados Jerjes Mercado, al Viceministerio de Transparencia; al presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach y la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Gabriela Garzón.
“No tenemos nada que ocultar, el alcalde Jhonny Fernández ha demostrado en público y ha dicho que no hay por ningún lado el sobreprecio y aquí está nuestra prueba y la transparencia con la que nosotros trabajamos”, aseveró.
Además, indicó que la empresa Crown ha facturado con 10 municipios, el mismo precio con el que realizó la venta de los vehículos a la comuna cruceña.
En días pasados, concejales de oposición, realizaron una denuncia en este hecho por por los delitos de malversación, uso indebido de influencias, negociaciones compatibles con el ejercicio de las funciones públicas, concusión, incumplimiento de deberes, contratos lesivos y conducta antieconómica.
Entre tanto, el vocero de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, dijo que la comuna cruceña brindó toda la colaboración al Ministerio Público para que se realice la investigación.