Líderes por el censo denuncian persecución política del Gobierno

PROCESO. Los líderes que encabezaron el pedido del censo en Santa Cruz, denunciaron que la persecución política por parte del Gobierno nacional continúa. De manera extraoficial existiría una acusación del Ministerio Público para llevarlos a juicio oral.

Miembros del comité interinstitucional en Santa Cruz que lideró el pedido de la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, denunciaron ayer públicamente que continúan siendo perseguidos políticamente por el Gobierno nacional, esto, tras haber tomado conocimiento de manera extraoficial que el Ministerio Público ha presentado una acusación formal para llevarlos a juicio oral por el paro de los 36 días que exigió la realización de la encuesta nacional.

Los acusados son el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, el vicerrector, Reinerio Vargas, el gobernador, Luis Fernando Camacho, el expresidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo y el abogado constitucionalista, José Luis Santistevan.

El rector, Vicente Cuéllar manifestó que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) los premió con un certificado, reconociendo el trabajo de la universidad cruceña en la realización del censo en todas sus etapas, como un trabajo de servicio a la Patria, pero contradictoriamente el Gobierno los enjuicia.

“El Ministerio Público ha planteado esta acusación formal porque el Gobierno ha decidido judicializar todo en este país. Pretenden solamente acallar las voces de quienes tenemos el coraje de cuestionar la mala administración de este Gobierno”, dijo.

Por su parte, el abogado del rector, Diego Coimbra, explicó que son nueve los delitos por los que los acusan, entre ellos, terrorismo, racismo, impedimento al trabajo, atentado contra dignatarios de Estado y otros.

“Son delitos que no están dentro de los parámetros de fundamentación y congruencia. No establecen cuál ha sido la conducta de cada uno, sólo por haber protestado por un censo que se suspendió de manera indebida los están procesando por terrorismo”, cuestionó Coimbra, a tiempo de calificar de ilegal y arbitraria esta acusación, cuyo proceso penal radica en la ciudad de La Paz cuando por norma deberíarealizarse en Santa Cruz, lugar de residencia de los acusados y donde presuntamente ocurrieron los hechos.

El jurista anunció que asumirán la defensa por un lado y cuando sean notificados de manera formal, se presentarán los recursos ordinarios que les faculta la ley.

A su turno, el vicerrector, Reinerio Vargas, aseguró que, con esta persecución política quieren someterlos y callar sus voces.

“Pueden meter preso el cuerpo pero la vida y la inteligencia de uno, jamás. No vamos a claudicar en nuestra lucha, siempre hemos sido principistas, estamos luchando por justicia, democracia y libertad”, sostuvo Vargas.

SIN ELEMENTOS SUFICIENTES

Martín Camacho, abogado de Luis Fernando Camacho, indicó que agotarán la vía ordinaria, entendiendo que no existen elementos suficientes para presentar una acusación ya que en la última audiencia del gobernador, el Ministerio Público indicó que necesitaba cuatro meses más de actos investigativos para cubrir la recolección de pruebas que al momento no la han realizado, lo que quiere decir que se ha perpetuado la detención de la autoridad.

SE BUSCA CAMBIAR LA AGENDA MEDIÁTICA

Rómulo Calvo, indicó que el Gobierno quiere cambiar la agenda mediática “después de la payasada del autogolpe que se ha mandado en un momento donde más del 80% de la población boliviana da un rechazo a la pésima gestión”.

En ese marco, señaló que el Gobierno a buscar sentar un precedente para que la población boliviana no pueda levantarse y exigir un derecho constitucional como fue el censo. “No se olviden que exigimos un censo, que posteriormente el Gobierno si lo hizo y se ha jactado cuando se olvida que el censo fue obligado por una población que se sacrificó por 36 días exigiendo un derecho constitucional para tener una mejor calidad de vida”, concluyó.