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Los mineros invaden TCOs y desplazan a los indígenas

La vocera de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Ruth Alípaz, indígena uchupiamona, posee una comprensión profunda de la realidad y de los derechos que están siendo vulnerados, no solo en su papel como defensora ambiental, sino también en el contexto de las comunidades que sufren el asedio y la penetración del extractivismo.

«El primer derecho que ven vulnerado los pueblos indígenas es el de la pérdida territorial y el desplazamiento ocasionado por la pérdida de medios de vida como el río, de sustento, de fuentes de trabajo. Todo lo que contamina el mercurio afecta al derecho a la salud, al goce de un medio ambiente sano, a vivir en armonía en comunidad, es decir, a tener agua a disposición», menciona.

«Aunque la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) haya detenido los permisos para seguir otorgando autorizaciones para la actividad minera en áreas protegidas, no es por iniciativa de esta institución, sino debido a la exigencia de la sociedad civil», señala Ruth Alípaz. «Es muy paradójico que los cooperativistas auríferos exijan seguridad jurídica. Nosotros, como Contiocap, hemos emitido un pronunciamiento sobre estas demandas que están haciendo las cooperativas, que sitian y bloquean a la ciudad de La Paz cada vez que deciden llevar a cabo sus movilizaciones en la sede de gobierno. ¿Más seguridad jurídica, para qué?», cuestiona la defensora.

Ruth Alípaz destaca que la Ley minera 535 de 2014, bajo el gobierno de Evo Morales, no solo otorga una serie de privilegios al sector cooperativista aurífero, al que se le ha eximido de la obligación de consultar a los pueblos.