El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió al Gobierno no enviar funcionarios públicos ni trasladar a gente a otras regiones del país para evitar agravar el conflicto con los marchistas. Agregó que el Ejecutivo tiene que garantizar el derecho a la protesta.
Ayer, un grupo de arcistas realizaron un cabildo en Ventilla (El Alto). Vecinos del lugar y simpatizantes evistas rechazaron ese mitin y producto de ellos se produjeron enfrentamientos.
“Le pedimos, le exigimos al Gobierno que no se movilicen más funcionarios públicos ni se puedan trasladar otras personas del interior del país, porque se están generando ámbitos de violencia que no pueden tolerar entre bolivianas y bolivianos”, dijo Callisaya.
La autoridad defensorial instó a evitar la judicialización de la protesta, puesto que lo único que hace es caldear más la situación. Señaló que ese hecho fue una de la causas de las riñas de Ventilla.
“En el marco de la normativa internacional de los derechos humanos, que el Estado se constituye en el único garante y responsable de la protección, el ejercicio y la materialidad de los derechos de las bolivianas y bolivianos”, enfatizó.
Asimismo, Callisaya solicitó a las organizaciones sociales que se movilizan respetar el derecho de terceras personas ajenas al conflicto. Resaltó que solo de esa manera ma protesta se puede llevar adelante de forma pacífica.